"Cuesta creer que cinco profesionales de la Educación se pongan de acuerdo o quieran hacerlo, para perjudicar a la comunidad educativa de la escuela. Evidentemente, si hay denuncias concretas de padres, alumnos y docentes, la situación es muy compleja”, dijo.

 Díaz expresó que “es responsabilidad ineludible del Estado provincial velar por la seguridad y la salud psíquica y física de las personas que trabajan en ese ámbito. Seguramente, los docentes están preparados o deben estarlo, para manejar situaciones de alumnos agresivos o con problemas de conducta, pero cuando éstas provienen de personas mayores y que además como en este caso particular, no sólo ponen en riesgo su seguridad como maestros, sino también la de sus familias, es precisamente el Estado a través de sus Instituciones quien debe buscar la solución al problema. En estas condiciones-sostuvo la Defensora- en muy difícil poder cumplir con su labor educativa, y para los alumnos, seguramente, resulta más difícil aún desarrollar con normalidad su actividad en la clase”.

Finalmente la Defensora dijo que “no se puede sostener esta situación en el tiempo. Debemos contemplar todos los hechos que se originan en este conflicto, y, en ese sentido también resulta preocupante la violencia escolar que denuncian los padres de los dos chicos involucrados”.

Dijo la doctora Díaz que los alumnos deben tener garantizadas todas las horas de clases correspondientes y los docentes contar con la tranquilidad y seguridad suficientes para trabajar de la mejor manera. Nadie duda que se debe afrontar este problema, pero por su gravedad y complejidad es responsabilidad final del Estado a través del Ministerio de Educación, ofrecer las garantías necesarias para retomar con normalidad el dictado de clases en ese establecimiento”.