En primer lugar, es imperiosa la necesidad de iniciar un proceso gradual que permita que las fuerzas policiales dejen de prestar funciones en los establecimientos penales y que los mismos sean conducidos en su totalidad por personal civil. Hoy existen en los penales intereses y visiones contrapuestas entre el personal policial y los agentes penitenciarios civiles. Esta confrontación se da a partir formaciones, conceptos de autoridad y jerarquías distintas en ambos sectores. Se tiene que adoptar una clara definición política relacionada a la concepción misma del sistema. Se concibe a los establecimientos penales para la represión y encierro de los internos alojados, o bien se avanza en la consolidación de una política que permita cumplir con la manda constitucional de la re-socialización.

En segundo lugar, se deben garantizar los recursos necesarios para una debida capacitación de todos aquellos trabajadores que van a cumplir una tarea tan difícil y compleja como es la custodia de los detenidos en cada una de las cárceles. Los cursos de introducción y la formación posterior de los agentes deben ser ejes prioritarios de toda gestión que se encuentre al frente de la Secretaria de Seguridad y Justicia de nuestra provincia. Existe falencias importantes en este sentido y las mismas deben ser subsanadas.

Por último, la correcta distribución de los recursos presupuestarios que maneja cada penal, deben ser orientados con criterios que se alejen de las prebendas políticas que los jefes de unidad siguen sosteniendo. Un ejemplo de ello es el reparto de horas extras, que en la mayoría de los casos están destinadas a engrosar los ingresos de los allegados a las jefaturas, en vez de orientarse a reforzar las guardias internas en los pabellones. Se deben realizar además permanentes y exhaustivas auditorías sobre los fondos que llegan a cada uno de los penales.

Tenemos que poner en debate de cara a la comunidad el sistema penitenciario que queremos los rionegrinos. Si defendemos un sistema de castigo y represivo que esté bajo el mando de las fuerzas policiales o, por el contrario, un sistema que permita la re-socialización de quienes delinquen y que sea conducido íntegramente por civiles. Nosotros creemos en esta segunda concepción.
"La realidad hoy nos muestra que estamos ante un engendro que no aporta los resultados esperados. Hoy es casi imposible la convivencia entre policías y trabajadores civiles en los penales. El gobierno debe hacer inversiones presupuestarias serias en materia edilicias y condiciones de trabajo. Pero debe ocupar un lugar central también la capacitación y formación de los trabajadores que tienen a su cargo una tarea tan difícil y compleja", descargó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Río Negro y remacó: "Se deben realizar auditorías permanentes sobre los fondos que están bajo responsabilidad de los jefes de unidad. La orientación de los mismos, en la mayoría de los casos, no contribuyen a cubrir las principales necesidades. Si los jefes no distribuyeran las horas extras sólo entre sus amigos, se podrían reforzar las guardias en todos los pabellones y los peligros de fuga serian menores".

FUENTE: ATE