Por aquel entonces solicité la inmediata puesta en marcha del procedimiento instaurado en la Ley N° 4818, donde se establecen las Bases y Condiciones que se imponen a las empresas que quieran explorar o explotar nuestro petróleo rionegrino.

El Gobernador resaltó la importancia de la decisión del Gobierno Nacional, de crear condiciones económicas financieras para aquellas empresas multinacionales que quieran invertir en la Argentina. Por mi parte manifesté que las medidas o resoluciones que tomara en materia hidrocarburífera el Gobierno Nacional, merecían, por parte de las autoridades provinciales, un análisis cuidadoso, profundo y objetivo. Poniendo por sobre todas las cosas, la voluntad política de defender las facultades irrenunciables  de la Provincia en esta materia. Fijando claras posturas y tomando transparentes resoluciones que impidan y desalienten, cualquier avance sobre nuestras potestades, resguardando los derechos Constitucionales que nos obligan frente a nuestros representados, reafirmando que somos autoridad competente para el otorgamiento de concesiones en el ámbito de nuestro territorio.

 La ley provincial 4818 diseña las Bases y Condiciones de la convocatoria a empresas concesionarias que quieran explorar o explotar el recurso. La norma impone un modelo de contrato que está diseñado en el Anexo II de la misma y crea un Registro de Renegociación de Áreas  donde deben inscribirse todas las empresas que tengan esa intención. La Ley les impone respetar los acuerdos que se suscriban en materia de Medio ambiente; Compre Rionegrino; Mano de Obra Local; Inversiones de Exploración y Explotación; Pagos por única vez; Pagos Periódicos; Aporte Anual para capacitación , investigación y desarrollo. Estos Acuerdos deben se elevados a la Legislatura para su estudio y evaluación con convocatoria obligatoria a una Audiencia Pública en los términos de la Ley 3132.

En esta Audiencia Pública, la Secretaría de Energía y la Empresa interesada deberán informar sobre el alcance del acuerdo, cuestión para la cual se necesita tiempo.

Este Acuerdo sólo tendrá vigencia a partir de su ratificación legislativa. Luego deberá ser sometido en su implementación y desarrollo a una Comisión de Seguimiento que controlará, no solo el cumplimiento de la empresa de todo lo acordado en el contrato, sino el destino de los fondos provenientes de las renegociaciones y su distribución.

Los plazos anunciados por el Gobernador, no se están cumpliendo.

No sabemos los representantes del pueblo cómo y en qué estadio está este proceso de prórrogas y negociaciones.

La Legislatura impuso reglas claras y taxativas para el cuidado de un recurso estratégico de los rionegrinos.

Estas reglas claras deben ser cumplidas respetando los plazos y pasos establecidos en la norma. No quisiera pensar que ante la necesidad del ingreso de dinero fresco a la Provincia, se justifique la falta de transparencia en una cuestión de Estado de semejante naturaleza, se viole la Ley y nuevamente quede instalada en la sociedad rionegrina la idea de que cuanto más importante sea el recurso, cuanto más grande es la suma a recibir por él, más profunda es la brecha entre los negociadores y la sociedad y más oscura y espesa es la niebla que cubre este tipo de transacciones de las riquezas de los ciudadanos.

 Al decir de I.D.E.S.A (Instituto para el Desarrollo Argentino) lo importante aquí no es la Empresa sino las reglas de juego que se le apliquen. Empresas bien intencionadas  bajo regulaciones deficientes, fatalmente generan malos resultados. En igual sentido empresas mal intencionadas no tienen ni siquiera cabida cuando el diseño de las reglas de juego que se aplican es bueno.

El dueño de las reglas de juego siempre debe ser el gobierno.

Prensa Ana Piccinini

Legisladora Provincial FpV