He señalado en mi carácter de miembro informante, del Bloque de la Unión Cívica Radical, que no están dadas, ni demostrados los supuestos de utilidad pública,--es decir el interés colectivo-- condición 'si ne quanon' para proceder a expropiar.

Esto no debe sorprendernos, pues el Gobierno provincial, cumple reiteradamente con una máxima que es de su autoría, ..”..NO HAY QUE APEGARSE TANTO A LA LEY...”

Ejemplos:

*NOMBRA A UN MINISTRO, HAROLDO LEBED, SIN RESIDENCIA EN RIO NEGRO, EN CLARA VIOLACION CONSTITUCIONAL.

*EL EJECUTIVO PROVINCIAL, OMITE PROPONER UN VICEGOBERNADOR COMO INDICA LA CONSTITUCION Y LA LEY DE ACEFALIA.

* EL GOBIERNO, IRRUMPE VIOLENTAMENTE EN LAS OFICINAS DE LU19, VIOLANDO UN DOMICILIO, CAMBIA LAS CERRADURAS, DEL INMUEBLE Y ECHA A SUS DIRECTIVOS.

*SANCIONA UNA LEY DE EXPROPIACION, SIN ACREDITAR LA UTILIDAD PUBLICA, afectando dos derechos fundamentales, el derecho de propiedad y por el otro lado el de igualdad, sometiendo a la sociedad rionegrina a pagar, indemnizar, un monto indeterminado de dinero.

Lo que en realidad se pretende es apoderarse de un medio de comunicación, con fines claramente políticos y atentatorios a la libertad de expresión. Por más que pretenda ocultar bajos otros sofismas como la lucha del Estado contra las corporaciones, tal como lo ha señalado el titular del bloque del Frente para la Victoria, en clara alusión al diario Río Negro, el objetivo a todas luces es manipular a una gran porción de la opinión pública.

El interés colectivo aludido bajo el pretexto de la pluralidad, no hace más que confirmar el interés del Gobierno de turno, de apoderarse de un medio de comunicación social de gran alcance para pasar a ocupar un lugar hegemónico en el manejo de los medios de comunicación social.

Además de una señal televisiva con alcance provincial hoy pasa a manejar dos radios AM y dos FM, en clara violación a la ley de Medios 26522, que solo autoriza que los estados provinciales puedan tener, un canal de televisión, una radio AM y una radio FM, además de condicionar a la mayoría de los otros medios de comunicación a través del manejo discrecional de la pauta publicitaria.

Mención aparte merece la cuestión de los trabajadores, no solo de este medio, sino de todos los medios a los que hemos defendido no solo hoy sino siempre.

Hemos acompañado la decisión de salvaguardar a los empleados. Lo hemos dejado expresamente claro ahora y antes, inclusive cuando este Gobierno puso en disponibilidad a 20 mil trabajadores y despidió a empleados, incluyendo entre ellos a periodistas de Canal 10. No hubo voces en ese momento como las que se escuchan ahora. Parece que hay quienes bajo el paraguas del interés del conjunto están hoy más ocupados en salvar su propia ropa.

En esto no hay discusión, estamos a favor de que los empleados continúen con su fuente laboral, no solo los de LU 19, sino también los empleados despedidos por este gobierno de Canal 10, aunque proponemos otro camino, dentro de la ley, y del orden normativo en general.

Este peligroso antecedente institucional como es el avasallamiento y apropiación compulsiva de un medio de comunicación por parte del Estado, seguro someterá a la Provincia a una batalla legal, de resultado negativo para el Estado.

Sumar innecesariamente un gasto más a las arcas de un estado declarado en emergencia financiera por los continuos y erráticas políticas financieras es restar recursos a otras áreas que si requieren de la asistencia como los hospitales, escuelas y seguridad.

Leonardo Ballester, legislador de Río Negro