Esta publicidad de monstruo gigante lo aleja del interés del observador común que no atina a pronunciar palabra ante su manipulación por los grandes operadores del sistema político, llámense Intendentes, Gobernadores, Presidentes y Empresarios. Este marketing de vikingo rey y señor de los pozos fue celosamente  gestado, creado por los intereses mas perversos aliados a los dueños de las áreas, con el fin de eludir cualquier sentimiento nacional apegado al desarrollo local que pudiera fluir inconvenientemente de los verdaderos dueños del recurso, los provincianos.

Nadie supo jamás ni sabe hoy, cuanto es el recurso con que contamos a la fecha, cuanto petróleo y gas convencional hay, cuanto no convencional hay. Cuánto dinero entró a la Caja del Estado Rionegrino por la venta de nuestro petróleo en los últimos 20 años? Que obras de infraestructura hicieron las empresas que se llevaron los recursos? Que obras de remediación sobre la zona dañada por la extracción? Cuanto se invirtió en capacitación? A quienes se capacitó y en qué materia o rama de la actividad?.

Hay que destacar que las Empresas que debieron cumplir con todos estos interrogantes son en su gran mayoría las que quieren una prorroga! Nadie sabe nada porque todo está cuidadosamente pensado para que nadie sepa nada. Al punto nadie sabe nada que este Gobierno tiene, representándolo en Buenos Aires ante el resto de las provincias petroleras y ante la Nación, a la Dra. Tamara Pérez Balda, quien supo ser la cabeza visible del Área en la gestión Saiz, además de ser vicepresidenta primero y presidenta después de la empresa petrolera provincial E.D.H.I.P.S.A.

 Estas prórrogas estaban anunciadas como los primeros contratos que haría la Provincia en forma autónoma, gozando de todas sus facultades y derechos para el manejo del divino elemento. La conocida y famosa “Ley Corta” así lo vaticinaba para regocijo de todos los proclamados federalistas.

Violando flagrantemente las Constituciones Provinciales, el Gobierno Nacional negocia el recurso sin participación real de los dueños del mismo, las Provincias productoras. Esta “violación” no comienza ahora, comienza con la “nacionalización” de YPF, que le da el marco de legitimidad que el Gobierno y sus socios petroleros necesitaban.

Ahora no solo se da por tierra con la Ley Corta sino que debemos soportar que nuestro recurso no lo maneje el Gobierno Nacional sino una empresa del Gobierno Nacional, donde un Ceo de dicha empresa, ungido por vaya a saber qué Dios Pagano, decide el futuro de nuestra provincia vendiendo uno de los recursos más valiosos y apetecibles para el mercado del mundo.

Pero eso no es todo, además pretende decidir que impuestos le podemos cobrar y que impuestos no le podemos cobrar a los empresarios y a quién debemos venderle nuestro petróleo y nuestro gas.

El exagerado plazo que el Sr. Miguel Galuccio ha decidido otorgarles a las empresas para que extraigan nuestras riquezas, que va de 30 años para los recursos convencionales  hasta 35 años para los no convencionales con el posible agregado de 10 años más a voluntad de las provincias, deja, también, la intención de eludir la opinión del pueblo de la Provincia a través de su Legislatura. Cuanto más largo sea el plazo, menos posibilidades hay de que opinen o controlen el cumplimiento de los compromisos por parte de los empresarios.

En este proceso de entrega, donde todos ganan en el corto plazo, el único que se perjudica es Rio Negro. Y en el largo plazo también, porque el recurso estará agotado.

Estas maniobras apuradas, a los empujones, no aporta para nada a la dignidad de los que gobiernan las Provincias petroleras. Los Gobernadores, inclinados ante los deseos del Gobierno Nacional, regresan a sus Provincias para revisar cómo van a utilizar las migajas que sobran del gran negocio petrolero.

Ana Piccinini - Legisladora FpV