La denuncia penal que hemos presentado el pasado 19 de febrero del corriente año ya está dando los primeros frutos y por cierto muy buenos. Funcionarios del Poder Judicial Federal de General Roca han dado curso a una importantísima serie de medidas probatorias para determinar el grado de contaminación de las aguas de nuestro Río Negro, en especial las que bañan las costas de la Isla Jordán, balneario que, como ya hemos denunciado en reiteradas oportunidades, no se encuentra habilitado.
 
La Justicia Federal ha ordenado relevamientos de la zona para determinar la existencia de residuos y/o generadores de los mismos, ha solicitado tomas de muestras de las aguas como así también un mapa hídrico que permita individualizar y determinar todas las posibles fuentes de contaminación. Se ha hecho especial énfasis en lograr la individualización de las sustancias contaminantes. Miembros de Prefectura será la encargada de llevar adelante muchas de las acciones requeridas por la Justicia.
 
Es trascendente tener una actividad de la Justicia tan notable ya que si los órganos del Estado responsables de actuar no lo hacen, deben los demás representantes del Pueblo activar los mecanismos que el Estado de Derecho y una República como la que somos nos dan para remediar los daños provocados.
 
El Estado debe dar soluciones a los problemas de la población, una solución no es habilitar piletas y nada hacer para el saneamiento de las aguas de nuestros ríos. Tampoco podemos limitarnos a solicitar informes si de los mismos surge que existe contaminación pero nada se hizo al respecto. Sin caer en reiteraciones decimos una vez más que es necesario actuar, en este caso remediar los daños ambientales existentes.
 
En la causa penal se ha presentado la Defensora del Pueblo como parte querellante y ha puesto en conocimiento que existía en la órbita de su competencia un expediente del año 2011 en el que se requirieron informes por la contaminación de los balnearios. Por su parte también se constituirán en dicho carácter el Legislador Jorge Ocampos y la Senadora Magdalena Odarda, con el solo fin de contribuir a la labor de la Justicia y poder de ese modo velar por el acabado cumplimiento de los derechos ambientales, solo se pretende que las personas responsables de los daños remedien los mismos como así también se tomen, de una vez por todas, las medidas necesarias para que no se continúe contaminando.