La iniciativa, presentada inicialmente en 2013, es de Ana Piccinini, Ángela Vicidomini, Sergio Ariel Rivero, Alejandro Marinao, Graciela Sgrablich, Luis Esquivel, Roberto Vargas, Irma Banegas, Domingo Garrone, Rubén Torres y Marcos Catalán, quienes anticiparon en su presentación que en los próximos días ingresarán un paquete de leyes similares con la intención de "controlar a los que gobiernan" y avanzar hacia la “Corrupción Cero” en Río Negro.

La propuesta abarca a los máximos responsables de los tres poderes del Estado y a todos aquellos que "con sus decisiones y resoluciones contribuyan a construir las políticas activas destinadas al ciudadano".

Los involucrados estarán regidos por principios básicos de la ética en la función pública, la idoneidad y honestidad para el desempeño de los cargos para los que fueron designados, el deber de apuntar a la excelencia en la calidad de la respuesta institucional y el derecho de la ciudadanía de acceder a la información pública.

Los funcionarios deberán velar por el fortalecimiento del sistema democrático de gobierno, "cumpliendo y haciendo cumplir las constituciones y las leyes nacionales y provinciales que conforman el derecho positivo vigente", y priorizar las acciones y los intereses del Estado, "privilegiando el beneficio de la ciudadanía en general, por sobre el particular".

Aducen en la fundamentación que "es por todos nosotros conocido que actualmente la opinión pública se muestra preocupada por el alto grado de corrupción existente en las instituciones". Entienden que este problema "en muchos casos ha alcanzado dimensiones altamente preocupantes a punto tal que ha comenzado a ser considerada como uno de los mayores flagelos sociales".

"Los temas de la ética, el control de la corrupción y las políticas de transparencia ocupan un lugar cada vez más importante en la agenda pública. La sociedad demanda transparencia en los actos de gobierno y crece la exigencia de mayor eficiencia y claridad en los procesos de decisiones públicas".

Ante los costos de la corrupción, señalan que "somos conscientes de la magnitud y las consecuencias del problema. La corrupción afecta directamente la economía del Estado, cada desviación de fondos públicos implica menos educación, salud, desarrollo social, menos trabajo, menos viviendas, menos seguridad. Por ello creemos que es necesario incrementar la transparencia y la publicidad de todos los actos de gobierno.