"La desidia de los funcionarios ha generado un crítico escenario en todas las unidades penales de la provincia. En este momento los agentes ‎penitenciarios viven una situación desesperante. El Gobierno les debe seis meses de salarios y las nuevas promociones no han cobrado nunca a pesar que ingresaron en el mes de diciembre", reclamó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Río Negro y completó: "Estamos ante inminentes acuartelamientos en los establecimientos penales de la provincia, ya que algunos trabajadores y sus familias ya no tienen recursos ni siquiera para poder subsistir".

"Es que la totalidad de los trabajadores civiles de los establecimientos penales rionegrinos se encuentran en una virtual situación de abandono, sin respuestas del área de Recursos Humanos, siendo absolutamente discriminados en relación a los empleados del resto de la Administración Pública", señalaron. 

También indicaron que "los referidos trabajadores tuvieron solamente un aumento salarial del 7 por ciento en lo ‎que va del año. En lo que respecta a salarios, en febrero también se les depositó una suma de 800 pesos, aunque rápidamente fueron descontado, aduciendo un error administrativo. Esto generó gran enojo en el conjunto y hasta el momento no existen explicaciones. Por otro lado, se les adeudan las horas extras realizadas desde enero y las abonadas con anterioridad, fueron mal liquidadas en todos los casos". 

"La desidia de las autoridades queda demostrada al tomar conocimiento que las nuevas promociones, que comenzaron a prestar servicios en el diciembre pasado no han cobrado un solo peso hasta ahora y todavía estos empleados no han sido dados de alta en el sistema. En este punto, los trabajadores tienen el temor que al momento de percibir sus primeros haberes se les apliquen con retroactividad los descuentos por obra social que no utilizaron, por seguros obligatorios y demás", afirmaron. 

Entonces expresaron que "otra de las denuncias que realizan los penitenciarios es que en el año 2013 se les dejó de abonar el adicional por antigüedad y nunca fue restituido".

La entidad gremial plantea "la permanente inseguridad que tienen que enfrentar los trabajadores ante la falta de elementos de protección personal. Se pudo corroborar que las máscaras y los chalecos anti-punzantes, a la hora de hacer un procedimiento, resultan insuficientes. Como ejemplo, puede señalarse que en la mayoría de las cárceles provinciales cuentan con tres equipos de chalecos y máscaras para cubrir las necesidades de 18 trabajadores".