La escuela fue fundada en 2003 como colegio privado, con cuatro niveles: Maternal,  Jardín, Primario y Secundario.

Era un proyecto educativo integral basado en la educación en valores, trabajando la integración de niños y adolescentes con capacidades diferentes, inteligencias múltiples,  la educación para la paz, la ecología, el pensamiento crítico, con materias como Filosofía, Ingles, Informática y Danzas Folclóricas.

En 2012 y tras haberse firmado acuerdos y resoluciones con el Consejo Escolar de la Provincia de Río Negro, el Colegio, pasa a la órbita estatal, encuadrada según la Ley de Educación como Escuela de Experiencia Educativa, manteniendo el proyecto educativo en su totalidad y el plantel docente y no docente. La experiencia debería ser evaluada anualmente según las resoluciones firmadas.

El edificio en el que funciona es alquilado.

En el mes de Diciembre de 2014 se les comunica a los padres que darían por finalizada la experiencia educativa, sin haber realizado ninguna evaluación. Es por esto que se acordó entre el Ministerio de Educación y la comunidad educativa seguir con la experiencia y juntarse para ello en 2015.

El 2 de Julio pasado, representantes de esa cartera convocaron a reunión supuestamente para organizar dicha evaluación y es ahí donde se informa que a partir del 2016 los separarían en distintas escuelas de la ciudad, sin horario ni lugar confirmado, con lo cual el proyecto integral de la escuela caería.

Les manifestaron además que el Ministerio no seguiría alquilando el edificio donde funciona la escuela, motivo por el cual tendrían que trasladarse, pero sin confirmarles donde.

Asimismo, el proyecto educativo caería, sacando las materias mencionadas anteriormente, otra vez sin haber hecho la evaluación correspondiente. Además, cerrarían las salas de 2 y 3 años de maternal, no permitiendo la continuidad de niños de dos años inscriptos por el propio Ministerio para este año y que en el 2016 estarían en sala de tres años, dejando a niños de tres años sin la continuidad prometida al habilitar la matrícula. Según lo dicho a los padres, los niños no tendrían la continuidad de jardín a primaria y de primaria a secundaria.

Todos los cargos docentes serían tomados por asamblea y los directivos se designarían por concurso.

Los padres consideraron que lo que está pretendiendo el Ministerio de Educación “es ni más ni menos el desmembramiento de una comunidad educativa formada hace años, que hoy cuenta con casi trescientos alumnos, así como el cierre de una institución que funciona con aprobación y seguimiento del Ministerio de Educación desde el 2003, provocando la separación de grupos de pertenencia de niños y adolescentes y desorganización familiar por cambios de horarios y lugares, teniendo en cuenta también las familias que tienen hijos en diferentes niveles”.

Resaltaron el “incumplimiento de los acuerdos y resoluciones firmadas en 2012, en las que el único punto para dar de baja a la experiencia educativa es una evaluación negativa que hoy no existe. Por lo tanto dichos acuerdos y resoluciones siguen vigentes y se deben respetar; el incumplimiento de un derecho que consideramos derecho adquirido dado que desde el 2012 y hasta 2015 se permitió el funcionamiento de la escuela como experiencia educativa sin evaluaciones negativas como para finalizarla y habilitando matrícula desde maternal a quinto año; e incumplimiento del derecho de las familias a elegir la educación para nuestros hijos, principalmente las familias de niños integrados que requieren de una continuidad en su desarrollo”.

“Como grupo de padres preocupados hemos solicitado a la Ministra de Educación y DDHH de la Provincia de Río Negro, P. Mónica Silva y al Sr Gobernador de la Provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, que a la brevedad aclaren la situación de la Escuela y aún no hemos tenido respuesta”, indicaron.

Afirman defender “como comunidad educativa la ESCUELA PÚBLICA TIERRAS DEL SUR como un grupo de niños, adolescentes y familias. Queremos seguir todos juntos. Por eso solicitamos que se revea la situación y se arbitren los medios necesarios para encontrar un lugar donde poder seguir funcionando, respetando todos los derechos que consideramos vulnerados”.