Con esta iniciativa procuran garantizar el acceso a la información pública, transparentar el accionar del gobierno, consolidar la rendición de cuentas como práctica habitual de gobierno, y favorecer la participación ciudadana a partir del acceso a una mayor y mejor información.

El articulado establece que el Gobernador deberá elevar el informe al Parlamento en el transcurso del primer cuatrimestre de cada año calendario. Una vez ingresado a la Legislatura, cada bloque formulará un listado de preguntas para lo que dispondrá de un plazo de 15 días corridos. Las demandas deberán serán respondidas por el Poder Ejecutivo en una sesión especial a concretarse durante el primer semestre de cada año, con la presencia del gabinete.

Al fundamentar, los autores explicaron que dicho informe oficial “será beneficioso para la sociedad porque transparenta la gestión, facilita el acceso a la información pública, el control social, la participación ciudadana y la rendición de cuentas”, y que también  constituye para el gobierno “una herramienta de promoción institucional”. 

En los tramos finales de la argumentación señalaron que, de aprobarse y ponerse en práctica la norma, “los beneficios esperados superan con creces los esfuerzos que demanda su implementación, en tanto promueve la autoevaluación, es un soporte fundamental para la coordinación interáreas, interinstitucional y entre niveles de gobierno así como una estrategia de política comunicacional que permitiría al gobierno exhibir sus logros”.

Del mismo modo, los ciudadanos podrán “contar con información de calidad para juzgar la marcha del gobierno y formular sus demandas y adhesiones en pos de la superación de la democracia delegativa y la consolidación de un gobierno abierto en la provincia de Río Negro”.