El legislador Jorge Ocampos dijo que "no se trata solamente de una actividad extractiva  convencional, sino del temido y prohibido  en muchos países del mundo, fracking con sus secuelas de daños,  contaminación, destrucción de medio ambiente  y molestias  de toda naturaleza  con  la emanación de gases, los reiterados accidentes, la contaminación de acuíferos , el ruido permanente  de las perforaciones  y la salud de los vecinos  que habitan en cercanías de los pozos  instalados . Claro está  con sus  poderosas maquinarias de  fractura hidráulica  y sus camiones transitando caminos solo habituados  y previstos, para el paso de tractores y vehículos   de la fruticultura".

"Nada parece detener el  arrollador impulso de la actividad, ni siquiera la justicia que solo atina a la complacencia y al dejar hacer. Si, es saludable observar el movimiento de vecinos , que comienza a oponerse a la prepotencia de las empresas y a reclamar a sus autoridades  mayor rigor en el control  de la actividad, el de los ambientalistas  de la Asamblea en defensa del agua, la  Cámara de Productores ,  y hoy también la preocupación tal vez tardía, planteada por la intendenta Sabina Acosta  por los derrames , explosiones, emanación de gases tóxicos  y otros accidentes reiterados en áreas en muchos casos pobladas", sostuvo.

Asimismo indicó que "desde la Coalición Cívica ARI hemos planteado reiteradamente los peligros de esta actividad extractiva no convencional  a la que seguiremos oponiéndonos  y reclamando  el control más rígido sobre los daños  provocados y a provocar por el uso vertical y horizontal de la fractura hidráulica  a más  de tres mil metros de profundidad. Lamentablemente la ley de Hidrocarburos sancionada en el congreso nacional, habilita el uso del  fracking,  quitando legalidad pero no legitimidad  a nuestros reclamos, ni  acallando nuestra voz , que es la voz de nuestros vecinos".

Entonces remarcó que "igualmente pedimos a los funcionarios del gobierno provincial,  involucrados por su tarea en el control de la actividad, a hacerlo con el mayor de los de los rigores, en el convencimiento que son defensores de los intereses y la seguridad de los rionegrinos".

"Por supuesto que cuestionamos , la suerte de  complacencia con que han observado hasta el momento los accidentes ocurridos por parte de las secretarías Energía y de Medio Ambiente ,  alertándolos de la necesidad  de extremar recaudos y sanciones  a las empresas que vienen provocando daños ambientales, personales,  urbanísticos y viales en las áreas de explotación", agregó.

A su vez señaló que "un hogar de ancianos a 100 metros de una torre extractiva, la presencia  de una escuela, la 172, pegada al canal contaminado por el derrame en el último accidente con la rotura de un oleoducto. Una decena de viviendas de pobladores rurales  cercana a ese derrame y tres barrios de viviendas  rurales  cruzados por ese mismo canal, son solo algunas secuelas de los accidentes registrados,  amén de problemas respiratorios a pobladores de las cercanías, en algunos casos severos".

"No son temas menores, como no lo son los futuros emplazamientos proyectados y el avance hacia sectores más densamente poblados. El problema  exige medidas, controles y límites  que deben ser adoptados por los organismos oficiales o las consecuencias de la inacción se irán ´concluyó.