El concejal Juan Carlos Cerone se refirió a la tardanza que se genera en los bancos para realizar trámites, y consideró que "los tiempos de las personas son importantes pero hoy parece que los tiempos del banco son más importantes".

Asimimo indicó que "la gente viene a reclamar la tardanza que se genera en los bancos para realizar trámites. Es una falta de respeto".

Entonces señaló que "la ley dice que hay que hacer el reclamo y le aconsejo a la gente que lo haga. No se puede estar más de 30 minutos en un banco, lo dice la ley".

Luego sostuvo que "sería importante que en los bancos, al menos en los días con mayor circulación de gente, agregan mayor cantidad de personal".

También expresó que "se incrementaron los clientes pero el personal del Banco Patagonia, sigue siendo el mismo número".

Además contó que "estuve una hora esperando en el banco, entonces pedí el libro de quejas y a su vez hice una nota personal al Secretario de Comercio Interior, que es el que tiene que regular la ley".

Reclamo del legislador Ocampos

“El reclamo que efectuamos fue en respuesta a los usuarios del Banco Patagonia S.A de las distintas localidades de nuestra provincia”, precisó el Legislador de la CC-ARI. “La gente se queja por el tiempo que deben esperar para ser atendidos en las ventanillas, por la falta de un sistema eficaz que priorice la atención de personas mayores, embarazadas o discapacitados, por la insuficiente cantidad de cajeros automáticos o su mal funcionamiento”, argumentó.
 
Se elevará una medida canalizada por el Legislador Provincial Jorge Ocampos, solicitando así al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía y Dirección de Comercio Interior de Río Negro, que se exija el cumplimiento del artículo 8º de la ley nacional nº 24240, y los artículos 45 y 46 de la ley provincial D nº 2817, en las casas centrales y sucursales del Banco Patagonia S.A. que se encuentren en la Provincia.
 
La  propuesta parlamentaria del diputado cipoleño de la  CC-ARI cuenta con la aprobación del parlamento rionegrino y se debe a que los usuarios de servicios bancarios constituyen un sector importante formado principalmente por empleados públicos, jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del sistema financiero.
 
Sobre la  iniciativa, Ocampos   fundamentó que “Las sucursales bancarias deben brindar un buen servicio a sus clientes quienes en gran número se encuentran obligados a usarlos, siendo clientes cautivos de estas entidades cuando deben esperar un turno en largas colas de atención”.
 
En ese  sentido,   el  dirigente cipoleño indicó  que “son recurrentes los reclamos de los usuarios bancarios, especialmente los del Banco Patagonia S.A, quienes se quejan por el tiempo que deben esperar para ser atendidos en las ventanillas, por la falta de un sistema eficaz que priorice la atención de personas mayores, embarazadas o discapacitados, por la insuficiente cantidad de cajeros automáticos o su mal funcionamiento, entre otros reclamos”.
 
“En tanto la ley provincial en cuestión,  la D nº 2817, Defensa de los Habitantes en el Consumo y Uso de Bienes y Servicios, llamada “ley anticolas”, establece en el artículo 45 que “Es considerada infracción la espera por un lapso mayor a treinta (30) minutos, en ventanillas y/o cajeros automáticos, en instituciones financieras y no financieras, que presten servicios de cobranzas de impuestos o servicios públicos, tanto nacionales, provinciales o municipales y de pago de haberes de jubilados y pensionados y de activos que por convenios o disposiciones de cualquier naturaleza, perciban sus haberes en dichas instituciones”, explicó.
 
Esta misma ley determina que la Dirección General de Comercio Interior o el organismo que la sustituya en el futuro cuando existan presuntas infracciones dentro del ámbito de la Provincia, a las disposiciones de esta ley, a las leyes nacionales y provinciales de Defensa del Consumidor, sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, podrá iniciar actuaciones administrativas de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores (artículo 3°).