Las poblaciones de Jáchal y de otros pueblos cercanos de la provincia de San Juan, tienen contaminada el agua de sus ríos con más de cinco millones de litros de solución cianurada -según información registrada en la presentación judicial-, debido al derrame en la mina Veladero de la empresa canadiense Barrick Gold Corp. Los índices de metales pesados en el agua son altísimos y las consecuencias son imprevisibles.

En Mina Gerais, Brasil, una represa de contención que retenía lodos contaminados generados por la industria minera se rompió arrasando a su paso pueblos enteros. 

Murieron más de veinte personas y otras aun no han aparecido. Más de 500 personas evacuadas, el agua del rio Doce contaminado y por supuesto, la tierra también. Se comprobaron cantidades enormes de metales pesados por lo que nueve ciudades, unos 800 mil habitantes, no reciben agua de sus ríos.

¿Cuántas catástrofes de magnitud tendrán que suceder para darnos cuenta que la vida no tiene precio y el agua tampoco?

Este pedido de restitución representa el pedido de miles de rionegrinos que como vecinos, en sus asambleas, organizaciones sociales y ecologistas, reclaman la restitución de la llamada “Ley Anticianuro”, que impide el uso de cianuro y/o mercurio para la explotación de minerales metalíferos en territorio provincial.

La ley lograda fue producto de la movilización social, del reclamo de los pueblos organizados por una herramienta que pusiera freno al desenfrenado avance de la minería contaminante, la que para la extracción de oro y plata y otros metales, requiere un gran consumo de agua y una solución con cianuro que es la que separa los metales de la roca.

El 29 de diciembre del 2011, la ley que nació de la participación y el consenso, seria derogada de un plumazo.

Esa derogación constituyó un avasallamiento sobre el derecho del pueblo rionegrino, que desde las distintas regiones provinciales reclamaba este instrumento. Además, significó un retroceso enorme en materia ambiental, contradiciendo la “progresividad” que debe darse en la legislación toda vez que dejó sin protección el bien tutelado, el ambiente, y lo expuso otra vez a la explotación minera contaminante.

Rio Negro igualó de esta manera a la provincia de La Rioja, donde también una ley similar fue aprobada en el año 2008 y derogada al año siguiente. Los intereses empresarios y la economía basada en el extractivismo, operaron a favor de la actividad devastadora.

En la actualidad la minería a cielo abierto tiene consecuencias negativas en América, más que hace 300 años. La intensificación del ritmo de la extracción de minerales, hace de este un negocio redituable para las empresas pero en extremo devastador y contaminante para el ambiente y los pueblos. De ello surge la movilización permanente de las poblaciones a lo largo de nuestro país y el continente.

Con el fin de restituir la vigencia de la ley, algunos legisladores como Jorge Ocampos y otros de la UCR, presentaron iniciativas parlamentarias, pero no han tenido éxito.

En nombre de un gran número de ciudadanos que reclaman la “ley Anticianuro”, es imprescindible que desde la Legislatura rionegrina se proponga con fuerza el restablecimiento de esta ley del pueblo a cuatro años de su derogación. Estoy convencida que es un derecho de todos los rionegrinos que el gobierno provincial avance en la protección de su ambiente y la salud, desterrando aquellas practicas que probadamente afectan la calidad de vida y constituyen un saqueo de nuestros bienes comunes.
 
SENADORA NACIONAL POR RIO NEGRO  MAGDALENA ODARDA
 
Frente Progresista CC ARI RN