Anoche, personas violentaron el alambrado perimetral de uno de los dos planes de viviendas sociales que se construyen en el sector, hicieron caso omiso de los pedidos de los cuidadores y usurparon parte de las viviendas que se construyen en el marco del programa habitacional Techo Digno.

Esas viviendas forman parte del loteo social 22 de abril, que ya tiene aprobadas 382 familias para su integración. “Vamos a defender el derecho de esas 382 familias que son legales y legítimos adjudicatarios, luego de procesos transparentes y públicos, con inscripción en el sistema de lotes y con mucha paciencia están esperando la culminación de los servicios”.

“La sociedad no puede tolerar la privatización de las distribución de los lotes habitacionales, y más si para esa distribución el criterio que prima es el de la irrupción violenta, la ilegalidad y la ley del más fuerte y del que más se anima. Estaríamos legitimando un mensaje desesperanzador para esas 382 familias y tantas otras de la ciudad que tienen necesidades pero no toman los caminos ilegales”, agregan.

En el 22 de abril se construyen 202 viviendas, por parte de dos empresas. Una de estas dos fue tomada anoche. Las viviendas están con un grado de avance muy importante. Sin embargo, resta la provisión de los servicios básicos como agua, luz, gas, cloacas y cordón cuneta. Los recursos para estos servicios vienen siendo gestionados por el Municipio desde hace varios meses y forman parte de las reuniones que el intendente tenía previsto mantener mañana en Buenos Aires.

Ministerio Público Fiscal trabaja en resolución de la ocupación masiva 

El fiscal en feria, Juan Pedro Puntel, interviene desde anoche en la resolución de la ocupación masiva registrada a más de 200 unidades habitacionales de los barrios Sylpa y Oriente, linderos al barrio Lavalle de la ciudad de Viedma. En las próximas horas concluirá la recepción de denuncias de los inscriptos como titulares de dichas viviendas, luego de lo cual se promovería acción penal y se solicitará al juez la intimación previa al correspondiente desalojo. 

En el proceso trabaja personal de la Comisaría N° 38, unidad en la que el equipo del Ministerio Público Fiscal se constituyó durante las últimas horas de ayer para solicitar diferentes medidas tendientes a identificar tanto a quienes protagonizaron la usurpación como a los damnificados. 

En este marco, además de la inmediata custodia de las viviendas que quedaron desocupadas, se requirió la identificación de los distintos integrantes de cada una de las familias implicadas y la correspondiente intervención de la defensora de menores y el juzgado de familia. 

En tanto, al Gabinete de Criminalística se le solicitó el relevamiento fotográfico y audiovisual del espacio, así como la realización de la planimetría catastral que de cuenta del lugar tomado y los modos en que habrían ingresado. De forma simultánea Puntel pidió a la Brigada de Investigaciones judicial que determine la inteligencia y a quiénes son responsables de esta toma conjunta y planificada. 

El equipo fiscal continuará trabajando conforme al protocolo de ocupación masiva de inmuebles aprobado por Resolución 01/2013 de la Procuración General de Río Negro y en conjunto con los organismos auxiliares de la justicia y la totalidad de las comisarías que se encuentran colaborando.