A dos años del Amparo, las obras del Colegio Industrial aún no concluyeron

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“¡Menos mal que elegimos este recurso judicial que es expedito!”, ironizaron al momento de recordar que el artículo 43 de la Constitución Nacional señala: que "toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley...".

Cabe recordar que tras esa presentación el Superior Tribunal de Justicia, con la firma de su presidente, Sergio Barotto, dispuso la suspensión preventiva del uso de los talleres hasta tanto se analice el informe requerido al entonces Ministro de Educación de la Provincia, Marcelo Mango. En agosto dictó una sentencia, donde condenó a Educación a hacer un listado de tareas en cuanto a seguridad.

Los padres autoconvocados habían presentado una acción de amparo cautelar por considerar “vulnerado el derecho a la educación, integridad física y emocional de nuestros hijos”.

Cabe destacar que el área de Seguridad e Higiene de la Secretaría de Trabajo de la Provincia realizó en ese momento una inspección y detectó numerosas irregularidades edilicias en esos talleres.

Los inspectores interpretaron que “si bien no existen situaciones de riesgo grave e inminente que pudieran atentar contra la salud del personal y el alumnado, hay aspectos en materia de seguridad e higiene que deberán ser corregidos a la brevedad a fin de adecuarse a la reglamentación vigente y evitar así la aparición de nuevos riesgos”.

Entre otros aspectos, mencionan que en el sector de las aulas y baños hay filtraciones de agua de lluvia en las paredes, así como un tablero electrónico sin tapa protectora.

Con referencia a los talleres, también detectaron múltiples filtraciones de agua de lluvia y del sistema cloacal; varias luces de emergencia no funcionan; extintores vencidos y sin uso y las salidas de emergencia en mal estado.

Pese a que los arreglos para que la seguridad de los alumnos sea total no estaban hechos, la Justicia habilitó el dictado de clases en ciertos sectores del establecimiento.

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