Durante los cálidos meses del verano, cuando se habló de la quita de los subsidios, escuchamos con preocupación el mensaje del Ministerio de Energía de Nación que, como respuesta a las críticas por el impacto que tendría esta decisión, sugirió "racionalizar" la utilización de los recursos.

Si bien coincidimos en la necesidad de hacer un uso eficiente de las prestaciones, de ninguna manera podemos aceptar que se le pida a la población de nuestras provincias que disminuyan el consumo del gas o la electricidad cuando las temperaturas que debe soportar su gente son las más bajas de país.

En este sentido, la implementación de la Tarifa Social representa una división que termina siendo injusta para grandes sectores de la sociedad que no quedan comprendidos pero tampoco cuentan con ingresos suficientes para afrontar estos aumentos en un contexto inflacionario y de alza generalizada de los precios. Esta situación también afecta a los pequeños comerciantes, productores y emprendedores que sostienen gran parte de la economía regional.

Históricamente, los subsidios para las provincias de la Patagonia tuvieron que ver no solo con el costo de los servicios sino también con el costo de vida en general que es mucho más alto que en el resto del país.

En el marco del expediente de oficio que iniciamos en el mes de febrero por este tema, cuando el aumento no se había oficializado, solicitamos información ante la Delegación del Enargas ubicada en Bariloche y ante la empresa Camuzzi Gas del Sur, sin obtener respuestas.

Creemos que resultaría esencial garantizar la vigencia del subsidio al consumo de gas residencial que permita contar con una tarifa diferencial, independientemente de la social, que contemple toda nuestra región.

Por este motivo, como organismo de defensa de los derechos humanos de los rionegrinos apoyamos y acompañamos las medidas que están llevando adelante las autoridades y los vecinos.

* Defensora del Pueblo de Río Negro