El bloque legislativo Vamos con Todos, liderado por José Luis Berros, manifestó su firme rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de privatizar las represas hidroeléctricas sin la inclusión de las provincias de Río Negro y Neuquén en el proceso. En este contexto, el bloque también pidió al gobierno provincial, encabezado por Alberto Weretilneck, que no abandone la intención de crear una empresa hidroeléctrica mixta, como se había propuesto en un acta acuerdo firmada en 2021.

Mediante proyectos de Declaración y Comunicación, Berros y los legisladores Ayelén Spósito, Fabián Pilquinao, Luciano Delgado Sempé y Magdalena Odarda expresaron su preocupación ante el decreto presidencial 718/2024. Este decreto establece un plazo de 180 días para la privatización de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en la región del Comahue, limitando la participación de las provincias a la negociación de regalías sin una verdadera inclusión en la administración.

El bloque argumenta que esta decisión vulnera la Constitución Nacional y Provincial, ya que el recurso hídrico es propiedad de las provincias, y su gestión debe ser compartida. Además, critican la falta de convocatoria a las autoridades provinciales, lo que consideran una violación a los acuerdos interprovinciales y las leyes que regulan el uso del agua para la generación de energía hidroeléctrica.

En su comunicado, el bloque instó al Poder Ejecutivo Nacional a respetar la Constitución y los acuerdos previos, convocando a las provincias afectadas para discutir y definir un rol activo en la administración de las represas. Subrayaron la necesidad de un enfoque federal que permita una mayor participación de los gobiernos provinciales en la toma de decisiones relacionadas con los recursos naturales y la generación de energía.

Finalmente, calificaron la medida presidencial como “unilateral y vertical”, argumentando que excluye a las provincias directamente afectadas y contraviene el principio de federalismo. Afirmaron que las represas, construidas con inversión pública, deben ser gestionadas de manera que garantice la participación provincial y la equidad en la distribución de los beneficios generados.