Las provincias enfrentan una caída sostenida de sus recursos en términos reales y ese escenario empieza a tensionar una de las áreas que concentra buena parte del gasto: el empleo estatal. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) relevó durante 2026 un aumento de los conflictos laborales en distintas jurisdicciones y puso el foco en la relación entre la menor disponibilidad de fondos y las dificultades para sostener las negociaciones con trabajadores estatales.

El dato central del estudio es el peso que tienen los recursos nacionales en las cuentas provinciales. En promedio, la Coparticipación Federal de Impuestos representa el 58,2% de los recursos de las provincias, mientras que al sumar el resto de las transferencias de origen nacional la participación llega al 71,6%.

La evolución de esos fondos muestra una retracción respecto de noviembre de 2023. El promedio móvil de los últimos 12 meses ubica a los Recursos de Origen Nacional un 10,6% por debajo de aquel nivel, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos registra una caída del 12%. A esto se suma una disminución de los recursos propios de las provincias: el promedio móvil a mayo de 2026 se ubicó 19,6% por debajo de noviembre de 2023.

El problema adquiere mayor dimensión porque el gasto provincial está fuertemente concentrado en servicios sociales, que incluyen salarios de docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad, además de jubilaciones. De acuerdo con el CEPA, esos rubros representan en promedio entre el 70% y el 80% del gasto total de las jurisdicciones.

En ese escenario aparece Río Negro. La provincia fue incluida entre las 12 jurisdicciones que recibieron la posibilidad de acceder a anticipos financieros de fondos coparticipables a partir del Decreto 219/2026, con un límite de hasta $400.000 millones por provincia. El esquema luego fue ampliado mediante el Decreto 474/2026 a Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe.

El CEPA aclara que esos fondos no son recursos nuevos ni transferencias que las provincias puedan conservar: se trata de anticipos que deben devolverse dentro del mismo ejercicio fiscal, con una tasa fija nominal anual del 15% y retención automática sobre la coparticipación de cada jurisdicción.

La utilización de este mecanismo aparece en el informe como una respuesta frente a la necesidad de financiamiento que atraviesan las provincias. El estudio marca una diferencia con los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), ya que estos anticipos sobre coparticipación son reintegrables y comprometen recursos futuros de las jurisdicciones.

En paralelo, la reducción de los recursos se desarrolla en un escenario de mayor conflictividad laboral estatal. El relevamiento del CEPA contabilizó 101 conflictos entre trabajadores estatales de todo el país desde comienzos de 2026 hasta agosto. De ese universo, el 45,5% permanecía activo, mientras que el 54,5% había alcanzado algún acuerdo paritario.

Río Negro presenta, dentro de ese mapa, una situación diferenciada. El informe señala que Educación, empleo público, Judiciales y Policía cuentan con acuerdos, mientras que Salud es el único sector sin acuerdo.

En el caso del empleo público, el entendimiento incluyó el pase a planta permanente de un importante número de trabajadores y una reapertura de la negociación prevista para agosto. El CEPA también señala que UPCN no cerró el acuerdo.

En Salud, en tanto, el informe registra como reclamos la deuda de recategorizaciones y los sumarios a trabajadores que participaron de asambleas en el sindicato ASPUR. Es el único de los sectores estatales rionegrinos incluidos en el relevamiento que aparece sin acuerdo.

El cuadro provincial se inscribe así en una problemática que el informe analiza a escala nacional: mientras las provincias disponen de menos recursos en términos reales, una parte mayoritaria de sus presupuestos está comprometida con salarios y servicios sociales, lo que reduce el margen para afrontar las demandas de los trabajadores y sostener otros gastos.

El CEPA plantea que la retracción de las transferencias nacionales se combinó además con una caída de los recursos propios provinciales, profundizando las dificultades financieras de las jurisdicciones. En ese marco, los anticipos de coparticipación funcionan como una herramienta para cubrir necesidades inmediatas, pero implican comprometer ingresos futuros.

Para Río Negro, el dato que surge del relevamiento es concreto: la provincia está entre las jurisdicciones que recurrieron al esquema de anticipos sobre coparticipación, mientras que dentro de su administración pública Salud permanece como el único sector sin acuerdo. El informe ubica ambos datos dentro de un escenario nacional marcado por la caída de los recursos y el crecimiento de la conflictividad laboral estatal.