El proyecto de Presupuesto 2027 prevé una recuperación real del 1,2% en los recursos destinados a las universidades nacionales respecto del vigente para 2026. Sin embargo, la mejora no alcanza para revertir el recorte acumulado durante la gestión de La Libertad Avanza: las partidas quedarían un 21,1% por debajo de los niveles de 2023, de acuerdo con el análisis presupuestario proporcionado.

El documento también advierte sobre la situación de los salarios universitarios, que hasta septiembre de 2026 registraban una pérdida del 24,2% de su poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023. El deterioro alcanza tanto a docentes como al personal no docente de las casas de altos estudios.

Una ley que sigue sin aplicarse

La Ley de Financiamiento Universitario 27.795 fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025, vetada por el Poder Ejecutivo el 10 de septiembre y ratificada por el Parlamento el 2 de octubre de ese año.

El 21 de octubre, el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025, bajo el argumento de la falta de financiamiento, pese a que la propia norma contemplaba la posibilidad de realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.

Posteriormente, el 23 de diciembre de 2025, la Justicia ordenó aplicar la ley. El 18 de febrero de 2026, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificarla, pero la iniciativa, que ingresó formalmente por la Cámara de Diputados, todavía no había sido tratada en comisión al momento del relevamiento.

De esta manera, el análisis señala que, pese a haber transcurrido 358 días desde su sanción, la norma continuaba sin implementarse.

Los fondos siguen por debajo de 2023

La evolución del Programa 26, Desarrollo de la Educación Superior, que concentra el presupuesto destinado a las universidades nacionales, refleja la magnitud del ajuste en términos reales.

La comparación entre 2025 y 2023 arroja una caída del 25,2%. Para 2026, el crédito vigente hasta el 14 de octubre, con una proyección de inflación hasta diciembre basada en el proyecto presupuestario para el año siguiente, implica una reducción acumulada del 22% respecto de 2023, siempre que no se incorporen nuevas actualizaciones antes de fin de año. Para 2027, la previsión contempla un incremento real del 1,2% frente al crédito de 2026, actualizado a valores constantes de 2027. No obstante, el monto proyectado seguirá un 21,1% por debajo del registrado en 2023.

El informe plantea así que la mejora prevista para el próximo ejercicio no modifica sustancialmente la pérdida de recursos acumulada por el sistema universitario.

Una partida salarial sujeta a decisiones del Ejecutivo

Otro de los puntos señalados es la composición del presupuesto proyectado para 2027. Dentro del Programa 26 se incluyen 851.558 millones de pesos bajo el concepto Fortalecimiento de Recursos Humanos.

El documento advierte que esos recursos se encuentran incorporados «bajo la línea», por lo que su ejecución queda sujeta a la decisión de la Secretaría de Educación. En consecuencia, la partida podría ejecutarse o no.

Esta modalidad introduce incertidumbre sobre la disponibilidad efectiva de los fondos destinados al fortalecimiento de los recursos humanos de las universidades nacionales.

A su vez, el artículo 12 del proyecto de Presupuesto 2027 establece que las plantas de personal docente y no docente sobre las que se aplicarán los aumentos salariales durante ese año serán las vigentes en las liquidaciones correspondientes a noviembre de 2026. La excepción alcanza a las plantas aprobadas y autorizadas por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente de la Secretaría de Educación, conforme a lo que establezca el Ministerio de Capital Humano.

Qué cambiaría si se aplicara la ley universitaria

La diferencia entre los recursos previstos en el proyecto presupuestario y los que corresponderían con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario constituye otro de los ejes del relevamiento. Si se hubiera aplicado la ley ratificada por el Congreso, el presupuesto de las universidades nacionales ascendería a 9,60 billones de pesos a valores de 2027, con la actualización por la inflación promedio proyectada para ese año.

Ese monto superaría en un 28% los recursos contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027. La comparación muestra la distancia entre el financiamiento previsto por el Ejecutivo y el que resultaría de aplicar la norma aprobada por el Parlamento.

Un cargo docente perdió más del 43% de su salario real

La pérdida salarial también se refleja en la evolución de cargos específicos. El caso de un jefe de trabajos prácticos (JTP) con dedicación semiexclusiva y sin antigüedad muestra una caída real del 43,3% entre noviembre de 2015 y septiembre de 2026.

Medido en pesos de septiembre de 2026, ese cargo pasó de percibir el equivalente a 1.185.861 pesos en noviembre de 2015 a 672.309 pesos en septiembre de 2026.

Con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el salario alcanzaría los 887.581 pesos, lo que reduciría la pérdida real al 25,2%, de acuerdo con las estimaciones incluidas en el análisis.

Aunque ese escenario supondría una mejora respecto del ingreso actual, el salario todavía quedaría por debajo del poder adquisitivo registrado en el período de referencia.

Ingresos por debajo de la línea de pobreza

La situación salarial también se refleja en la comparación con los valores de las canastas básicas. En septiembre de 2026, solo los docentes titulares y adjuntos con dedicación exclusiva y el personal no docente de las categorías 1, 2 y 3 superaban la Canasta Básica Total (CBT) correspondiente a un hogar tipo 2, utilizada como referencia para medir la línea de pobreza.

El resto del personal no docente percibía ingresos por debajo de ese umbral, según el relevamiento.

La situación es más crítica al considerar la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece la referencia para la línea de indigencia. Los jefes de trabajos prácticos y auxiliares con dedicación semiexclusiva, al igual que quienes tienen cargos con dedicación simple, se encontraban por debajo de ese límite.

Los datos expuestos muestran que el debate por el financiamiento universitario no se limita a la evolución de las partidas presupuestarias: también involucra la capacidad de las universidades nacionales para sostener sus recursos humanos y los ingresos de quienes trabajan en ellas.