Unas 85 mil personas están en mora en Río Negro, principalmente jóvenes que tomaron créditos con bancos y financieras, según un informe difundido esta semana que ubicó la morosidad en torno al 25% a nivel nacional. Frente a este escenario, la senadora nacional por Río Negro Ana Marks impulsa tres proyectos en el Congreso para abordar el endeudamiento de los hogares.
Las iniciativas buscan actuar sobre distintas etapas del problema: brindar herramientas a quienes ya atraviesan situaciones de endeudamiento o sobreendeudamiento, prevenir que nuevas personas queden atrapadas en obligaciones que no pueden afrontar y sumar contenidos de educación financiera desde la escuela.
El primero de los proyectos propone crear un régimen de protección para consumidores endeudados y sobreendeudados, con mecanismos administrativos y judiciales específicos para evitar que las deudas se conviertan en una situación permanente que comprometa recursos destinados a las necesidades básicas.
La propuesta contempla herramientas para la reestructuración de deudas provenientes de créditos de consumo, tarjetas, préstamos personales y financiamiento mediante billeteras virtuales. También plantea garantizar un “mínimo existencial” que permita preservar los recursos necesarios para alimentación, salud, vivienda y educación.
Entre las medidas previstas figuran un procedimiento administrativo gratuito, un proceso judicial especial, la posibilidad de suspender embargos y descuentos sobre salarios y jubilaciones, congelar intereses considerados abusivos y establecer planes de pago de hasta cinco años.
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El proyecto también plantea mecanismos de control sobre bancos, financieras y empresas fintech, con herramientas para revisar tasas de interés abusivas, prácticas de crédito irresponsable y mecanismos de cobranza que puedan afectar a consumidores en situación de vulnerabilidad.
“El endeudamiento dejó de ser una herramienta para progresar y pasó a convertirse en una estrategia desesperada de supervivencia”, sostuvo Marks, quien vinculó el crecimiento de las deudas familiares con las dificultades para afrontar gastos cotidianos.
La iniciativa contempla además la protección de la vivienda única familiar, la prohibición de cortes de servicios esenciales durante el proceso y la posibilidad de revisar judicialmente créditos otorgados bajo condiciones consideradas abusivas o irresponsables.
El segundo proyecto apunta a prevenir el sobreendeudamiento antes de que se produzca. Para eso propone modificar la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor e incorporar una herramienta de advertencia previa en las operaciones de crédito destinadas al consumo.
La propuesta establece que toda contratación de crédito incluya un recuadro de advertencia obligatorio, visible y de fácil comprensión, donde se informe cuáles son los derechos de los consumidores, qué normas los protegen, cuáles son las obligaciones de los proveedores y qué riesgos están asociados al producto financiero contratado.
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El planteo parte de que el endeudamiento excesivo no puede atribuirse exclusivamente a decisiones individuales. Según la iniciativa, las prácticas comerciales agresivas, la publicidad engañosa, la falta de información clara y determinadas condiciones contractuales también pueden contribuir a que una persona asuma obligaciones que luego no puede afrontar.
El proyecto busca además fortalecer los controles sobre bancos, financieras y empresas fintech, promoviendo condiciones de contratación más claras y herramientas para prevenir prácticas abusivas.
El tercer proyecto apunta a incorporar educación financiera en las escuelas de todo el país, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada, cooperativa y social, y en los distintos niveles, ciclos y modalidades.
La propuesta establece que la Secretaría de Educación, en consulta con el Consejo Federal de Educación, deberá definir las pautas para incorporar estos contenidos en los niveles inicial, primario y secundario.
El objetivo es que niñas, niños y adolescentes incorporen herramientas para desenvolverse de manera crítica y responsable frente al sistema financiero y la economía cotidiana. Entre los contenidos propuestos aparecen los derechos de consumidores y usuarios financieros, el funcionamiento del sistema financiero, la identificación de prácticas abusivas y la elaboración de presupuestos.
También se plantea trabajar sobre planificación de gastos, ahorro y alternativas de la economía social y solidaria, como cooperativas y mutuales, además de las distintas formas de inserción laboral y productiva y el acceso a la formalidad.
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La educación financiera incorpora además una dimensión vinculada con el crecimiento de los medios de pago digitales. El proyecto contempla contenidos sobre billeteras virtuales, comercio electrónico y medios de pago electrónicos, con especial atención en la seguridad informática y la prevención de estafas.
“En Río Negro, más de 26 mil jóvenes están endeudados. La situación sigue escalando y es preocupante para todas las familias”, afirmó Marks.
La senadora sostuvo que la educación financiera puede contribuir a reducir las asimetrías de información y fortalecer la capacidad de decisión de las personas frente a productos y servicios financieros.
“Necesitamos un Estado que no llegue solamente cuando la deuda ya es impagable, sino que también brinde las herramientas para prevenir el sobreendeudamiento y garantizar que cada persona pueda tomar decisiones informadas y ejercer plenamente sus derechos”, sostuvo.
Los tres proyectos impulsados por Marks plantean así un abordaje que combina protección para quienes ya están endeudados, prevención frente a nuevas obligaciones y educación financiera, con el objetivo de ampliar las herramientas de consumidores y familias frente al sistema financiero.
24 agosto 2026
Nacionales