El Gobierno Nacional anunció la desregulación del transporte automotor de media y larga distancia, un cambio que impactará a la provincia de Río Negro y a todas las jurisdicciones del país. Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, se eliminan muchos de los requisitos que regulaban este servicio, permitiendo a las empresas una mayor libertad para establecer precios y rutas. Esta medida plantea incertidumbre para las provincias, que hasta ahora controlaban ciertos aspectos del transporte local.

El decreto crea el Registro Nacional de Transporte de Pasajeros, que será público y accesible en línea. Este registro permitirá que cualquier empresa o particular que cumpla con los requisitos pueda prestar servicios en recorridos como Buenos Aires-Bariloche sin necesidad de contar con la autorización previa de la provincia de Río Negro. Según aseguran, esto generaría mayor competencia, facilitando la entrada de nuevas compañías al mercado.

Uno de los efectos más inmediatos de esta desregulación es que las autoridades provinciales tendrán menos control sobre las rutas y las unidades que operen dentro de sus territorios. Anteriormente, las empresas debían someterse a una licitación para operar servicios entre localidades como Viedma y Cipolletti. Con el nuevo esquema, esta exigencia desaparece, limitando la capacidad de la provincia para monitorear el ingreso de vehículos y las condiciones de seguridad en el transporte de pasajeros. También se establece que los micros no debería entrar a las terminales, lo que reduce los costos operativos de las empresas de transporte pero generar inconvenientes para los usuarios.

Aunque la normativa asegura que no afectará las normas de seguridad vigentes, las autoridades provinciales expresaron preocupaciones sobre la capacidad de control efectivo. La falta de un registro provincial detallado dificultaría la supervisión del estado técnico de los vehículos, lo que podría poner en riesgo la seguridad de los usuarios del transporte en Río Negro.

En términos económicos, la medida busca reducir los costos del transporte y mejorar la competitividad del sector, pero también podría derivar en la discontinuación de rutas no rentables, afectando a comunidades más pequeñas de la provincia que dependen de estos servicios. Mientras las autoridades locales estudian los alcances del decreto, el impacto en los usuarios y las empresas de la región será observado de cerca en los próximos meses.