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El Bloque de Legisladores del Partido Justicialista - Nuevo Encuentro (PJ-NE) presentó una propuesta de modificaciones al proyecto de Reforma del Código Procesal Constitucional, elaborado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y aprobado en primera vuelta en la última sesión legislativa. Desde el bloque señalaron que el proyecto original es sumamente restrictivo e inconstitucional, al limitar herramientas fundamentales como los amparos y los habeas corpus.
La legisladora Ana Marks, en representación del PJ-NE, criticó con firmeza las disposiciones del proyecto y remarcó que las objeciones ya fueron planteadas en comisiones y durante el debate en el recinto. “La propuesta de un Código Procesal Constitucional no puede de ninguna manera ser restrictivo en el acceso a derechos. Debe mejorar el acceso a la justicia, el entendimiento ciudadano del sistema judicial y la capacidad del sistema de recibir a la ciudadanía. En este caso, vemos con mucha preocupación que se restringe el acceso al amparo”, expresó Marks.
Entre los puntos más cuestionados, Marks destacó que excluye taxativamente casos legítimos para la presentación de amparos y amparos colectivos yendo por sobre lo estipulado en la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, y que introduce inadmisibilidades para el habeas corpus, limitando derechos esenciales.
En respuesta a estas restricciones del STJ, el bloque presentó una propuesta de modificaciones que esperan sean tomadas en cuenta para el tratamiento en la segunda vuelta. El objetivo es garantizar que el Código Procesal Constitucional respete la Constitución Nacional y los tratados internacionales, reglamentando los instrumentos del amparo, amparo colectivo y habeas corpus de manera amplia e inclusiva.
“El STJ propone normas que reducen derechos y excluyen a la ciudadanía de herramientas fundamentales para su defensa. Desde el PJ-NE, trabajamos para garantizar que estos derechos no solo se mantengan, sino que se amplíen. Recordemos que esta herramienta del amparo es utilizada por la ciudadanía por ejemplo para acceder a una prestación de IPROSS cuando no llega a tiempo o ante proyectos extractivistas que ponen en riesgo los recursos ambientales y los territorios. Todo parece indicar que el STJ en connivencia con el Poder Ejecutivo busca ahora eliminar una herramienta legítima de la ciudadanía ante los avances sobre sus derechos.”, concluyó Marks.
20 noviembre 2024
Río Negro