Desde el Bloque Vamos con Todos, aseguran que el Gobierno provincial de sigue sin brindar detalles sobre el costo y las condiciones del contrato con la firma Dienst Consulting S.A., encargada de realizar el control de ausentismo de los trabajadores del Estado. Ante la falta de información, se presentó un nuevo pedido de informes dirigido a la aseguradora estatal Horizonte, a través de la cual se realizó la contratación. Los legisladores insisten en que el Ejecutivo debe transparentar los datos sobre el tipo de contrato, los montos involucrados y otros aspectos clave de la operación.

El presidente de la bancada, José Luis Berros, cuestionó las razones detrás de la falta de respuestas claras por parte del gobierno provincial. "Qué esconde el gobierno que mientras el ministro Gatti celebra la baja de las licencias de los estatales, se niegan a mostrar los números de cuánto nos cuesta la consultora y cómo se hizo la contratación", sostuvo. La oposición también denunció que las respuestas previas recibidas solo incluyen documentación básica como decretos de 1996, que otorgaron facultades a Horizonte para el control de presentismo laboral, y registros notarialmente exigidos de la firma Dienst Consulting S.A., pero no especifican los aspectos financieros y contractuales del acuerdo.

A pesar de los pedidos previos, los legisladores no recibieron los contratos firmados entre el Estado y la consultora. Por ello, solicitaron nuevamente la remisión de estos documentos, así como los antecedentes técnicos y jurídicos que justificaron la contratación de la firma privada. En particular, la bancada opositora pide información detallada sobre los dictámenes y resoluciones que respaldaron la decisión, así como datos sobre el ausentismo laboral en la provincia y si los sistemas de juntas médicas estatales demostraron deficiencias que justificaran la intervención de la consultora.

Además, los legisladores solicitaron conocer los informes periódicos presentados por Dienst Consulting S.A., que deberían incluir detalles sobre las auditorías realizadas y los resultados obtenidos en cuanto al control de la presencia de los empleados en sus lugares de trabajo. También pidieron aclaraciones sobre el perfil de los profesionales que integran el equipo de la consultora, en particular su especialización médica, y la cantidad y ubicación de los consultorios que utiliza la empresa.

Otro punto de controversia es el lugar donde se realizan las auditorías médicas. En lugar de llevar a cabo estos controles de manera presencial en cada localidad de la provincia, en muchos casos los trabajadores deben trasladarse a distancias considerables para someterse a las evaluaciones. Berros cuestionó esta decisión, señalando que podría generar inconvenientes para los empleados estatales y pidió que se justifiquen los motivos detrás de esta organización de los controles.

Finalmente, el bloque opositor solicitó que el gobierno esclarezca si Dienst Consulting S.A. figura en la lista publicada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 2014, que incluye a empresas acusadas de utilizar facturación apócrifa. Los legisladores pidieron detalles sobre si una empresa en esa situación puede ser proveedora de un organismo estatal provincial y si existen impedimentos legales o contractuales en estos casos.