Viedma, 26 de noviembre de 2024.- La legisladora Magdalena Odarda, acompañada por representantes de diferentes bancadas, presentó un pedido formal en la Legislatura de Río Negro para solicitar un informe detallado al Ejecutivo provincial sobre el contrato con la empresa israelí MEKOROT. El acuerdo, que originalmente debía finalizar en octubre de este año, contempla la posibilidad de prórrogas, lo que generó interrogantes sobre su extensión y condiciones actuales.

El pedido de los legisladores busca esclarecer varios aspectos vinculados al acuerdo. En primer lugar, se solicita información sobre si el contrato fue prorrogado y, en caso afirmativo, bajo qué términos. Además, se requiere conocer los resultados de los estudios realizados por MEKOROT en el marco del acuerdo original, los cuales no fueron publicados en el Boletín Oficial. Esta falta de publicación sería un posible incumplimiento del artículo 4 de la Constitución Provincial, que establece la obligación de hacer públicos los actos de gobierno.

Otro de los puntos clave del pedido es la solicitud de información sobre la confidencialidad del contrato y los derechos sobre los resultados obtenidos en los estudios. Los legisladores insisten en conocer si la información generada por los estudios sigue siendo de propiedad de la provincia o si fue cedida a la empresa, otros gobiernos o entidades privadas, lo que podría implicar un riesgo para la soberanía sobre un recurso estratégico como el agua.

Además, se hace énfasis en la importancia de los estudios relacionados con la calidad del agua en la Línea Sur y la Zona Atlántica de Río Negro. Estas regiones concentran proyectos extractivistas relevantes, por lo que se requiere un análisis exhaustivo de la situación del agua y el impacto que tiene en las comunidades locales.

El pedido también incluye una solicitud de información sobre el precio del agua en estas zonas y cómo puede afectar a la población, particularmente en áreas donde el acceso al recurso es vital para su desarrollo. Los legisladores subrayan la necesidad de garantizar la transparencia en la gestión del agua, un recurso esencial para el bienestar de la población y el desarrollo sostenible de la provincia.