El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó la reciente aprobación en la Legislatura Provincial del proyecto de "ficha limpia", una normativa que prohíbe a personas condenadas en doble instancia por delitos dolosos presentarse a candidaturas electivas o asumir cargos partidarios en la provincia. Esta ley también establece restricciones similares para los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial.

La iniciativa, impulsada por el propio mandatario, fue respaldada mayoritariamente por los bloques legislativos, con la excepción de cinco integrantes de la bancada de Vamos con Todos. El proyecto modifica los artículos 83° y 147° del Código Electoral y de Partidos Políticos de la provincia, extendiendo las restricciones a todos los delitos dolosos, no solo aquellos vinculados a la administración pública, como otros proyectos similares en otras provincias. Los delitos contra el honor, como calumnias e injurias, quedan fuera del alcance de esta normativa.

El Gobernador afirmó que la ley "marca un antes y un después en la política rionegrina", subrayando que no solo se trata de una medida legislativa, sino de un "compromiso con la ética, la transparencia y los valores de la sociedad". Weretilneck también expresó a través de su cuenta de X que "hoy Río Negro decidió qué tipo de política quiere para su futuro".

Este proyecto de "ficha limpia" se convierte en una de las leyes más amplias en su tipo a nivel nacional, ya que abarca delitos de diversa índole y no se limita a aquellos relacionados con la administración pública. La iniciativa ya fue sancionada en otras provincias como Chubut, Mendoza, Salta, Santa Fe y Jujuy en años anteriores. En Río Negro, el proyecto fue recibido positivamente por los legisladores del PRO y la UCR, quienes ya habían presentado iniciativas similares, pero destacaron que la propuesta del Ejecutivo es más abarcativa.

Con esta nueva ley, Río Negro se suma a un creciente número de provincias argentinas que adoptan medidas para garantizar mayor transparencia en la política, excluyendo a quienes hayan sido condenados por delitos dolosos de acceder a cargos públicos o electivos.