La secretaria de la Función Pública de Río Negro, Tania Lastra, salió al cruce de las denuncias realizadas por los gremios sobre los recientes despidos en áreas clave de la administración pública provincial. En declaraciones a la prensa, Lastra aclaró que no se trata de despidos masivos, sino de la no renovación de 448 contratos, una medida que, según la funcionaria, responde a situaciones de abuso en la gestión pública.

Lastra explicó que, de los 3.382 contratos que vencieron el 31 de diciembre pasado, el 85% de ellos, es decir, 2.934 contratos, fueron renovados, lo que desmiente las acusaciones de recorte generalizado. Según la funcionaria, la no renovación de los 448 contratos afectados se debió a situaciones de ausentismo injustificado, sumarios disciplinarios y hasta denuncias penales que, a su juicio, justifican la decisión del Gobierno Provincial.

“Es fundamental que el Gobierno Provincial rinda cuentas a las y los rionegrinos, quienes son los que finalmente financian los salarios de la planta de funcionarios y del personal estatal”, expresó Lastra, destacando que esta medida forma parte de un proceso de racionalización y optimización de los recursos públicos.

Sin embargo, los gremios calificaron esta decisión como un ajuste que afecta a áreas clave como el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de Río Negro, la SENAF, el Ministerio de Educación y el IPROSS, instituciones que prestan servicios fundamentales para la comunidad. Desde los sindicatos, se argumenta que esta medida amenaza las políticas públicas y compromete el funcionamiento adecuado de servicios esenciales, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la provincia.

Por su parte, el Gobierno provincial niega que la medida tenga un objetivo de recorte y subrayó que las decisiones se tomaron con el fin de evitar abusos y optimizar el uso de los recursos del Estado. Lastra insistió en que la no renovación no afectará los servicios esenciales, ya que los puestos vacantes correspondían a funciones que no eran indispensables o que no se desempeñaban adecuadamente.

La disputa entre los gremios y el Gobierno continúa, con los sindicatos pidiendo una revisión de la medida y advirtiendo sobre el impacto negativo en las políticas públicas. Mientras tanto, Lastra reafirmó el compromiso del Ejecutivo provincial con la eficiencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, buscando garantizar que se utilicen de manera adecuada para el beneficio de la comunidad.