La intención de la legisladora Daniela Agostino, del Bloque Coalición Cívica ARI-Cambiemos, de promover un proyecto para derogar la Ley 5227, que prohíbe la instalación de centrales nucleares en Río Negro, generó una fuerte oposición de parte de organizaciones ambientales, fundaciones y amplios sectores de la ciudadanía. La normativa, sancionada en 2017, se consolidó como un emblema de la movilización social en defensa del medioambiente en la provincia.

Según se conoció a través de declaraciones públicas, el proyecto de Agostino buscaría reposicionar a Río Negro en el mapa nuclear argentino, en sintonía con el anuncio del presidente Javier Milei sobre la construcción de una central nuclear en la Patagonia. Sin embargo, esta iniciativa reavivó el debate en torno a los riesgos y costos asociados a la energía nuclear, que ya habían sido ampliamente rechazados por la población rionegrina hace años.

En una nota enviada a la legisladora y a los demás bloques de la Legislatura provincial, diversas organizaciones recordaron que la Ley 5227 fue producto de un reclamo popular masivo que demandaba medidas concretas para preservar el ambiente y proteger la salud pública. En el documento, manifestaron: "Hoy en día, la citada norma cumple un rol esencial en la preservación ambiental de nuestra región, resultando de vital importancia para todos los ciudadanos de la provincia".

Además, el texto subrayó los argumentos que llevaron a la sanción de la ley, entre ellos, los riesgos inherentes de la energía nuclear, como los accidentes, la generación de residuos radiactivos imposibles de eliminar y su incompatibilidad con un modelo energético sostenible. También destacaron que este tipo de energía requiere subsidios estatales continuos y genera menos empleo en comparación con las fuentes renovables.

La nota presentada fue acompañada de un enérgico pedido a todos los bloques legislativos para que defiendan la vigencia de la normativa, señalando que su eliminación representaría un retroceso en las políticas de cuidado ambiental impulsadas en Río Negro. Las organizaciones firmantes recalcaron: "Solicitamos enérgicamente a los legisladores que sostengan esta ley, que representa una herramienta clave para la protección de nuestra provincia".

El debate sobre el proyecto impulsado por Agostino marca un nuevo capítulo en la discusión energética y ambiental en Río Negro, mientras crecen las voces que exigen priorizar modelos sostenibles y preservar los avances logrados en materia de legislación ambiental.