En las últimas semanas, la Secretaría de Trabajo de la provincia, encabezada por Martha Aviléz, logró avances significativos en la resolución de conflictos laborales en dos empresas de la región: Alpat de San Antonio y la pesquera Río Salado, en el marco de su compromiso por mantener la paz social y garantizar los derechos de los trabajadores.

En el caso de la planta de carbonato de sodio, se firmó un acuerdo entre los representantes de la empresa y el sindicato de los petroquímicos, que establece un marco de paz social por 60 días, en el que se garantiza la estabilidad laboral. Este acuerdo, según la secretaria Aviléz, asegura que no habrá despidos ni suspensiones, y que se mantendrá el funcionamiento normal de la planta. Además, se han realizado reuniones periódicas para consensuar el formato de pago de haberes, donde también se alcanzó un acuerdo entre las partes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales.

Asimismo, se destacó la incorporación del sindicato de AOMA, que representa a un grupo menor de trabajadores de la empresa, en el proceso de negociación. A pesar de que su representación es minoritaria, la participación de este sindicato en el acuerdo fue considerada fundamental para mantener la unidad y el consenso dentro de la planta.

Por otro lado, en la pesquera Río Salado, también se alcanzó un acuerdo tras una serie de negociaciones que involucraron a la empresa y al sindicato de trabajadores. En este caso, el conflicto surgió a raíz de despidos que la empresa intentó realizar debido a una supuesta crisis económica. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo intervino al considerar que la empresa debía indemnizar a los trabajadores conforme a la ley, lo que motivó una audiencia con la compañía para resolver la situación. La empresa había propuesto pagar indemnizaciones por un monto inferior al que estipula la legislación laboral, lo que fue rechazado por los representantes del sindicato.

A través de una intervención directa, la Secretaría intimó a la empresa para regularizar el pago de las indemnizaciones, a fin de ofrecer una mayor estabilidad a los trabajadores y sus familias. De acuerdo con la normativa vigente, la empresa deberá abonar una indemnización completa, conforme al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. La secretaria Aviléz detalló que, de no alcanzarse un acuerdo en las próximas semanas, el conflicto podría judicializarse, pero reiteró el compromiso de la Secretaría de Trabajo en acompañar a los más de 90 trabajadores afectados, quienes han recibido apoyo en la tramitación de programas para desempleados.

Además, la Secretaría puso especial énfasis en la formación de mano de obra local en el sector de la construcción, específicamente en el proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur. Según Aviléz, más del 70% de los trabajadores del proyecto en la región son residentes de Río Negro y de otras jurisdicciones por las que pasa el oleoducto. Para ello, se han realizado reuniones quincenales con la Secretaría de Energía y las empresas implicadas, a fin de garantizar que la contratación de personal local y la capacitación técnica sean una prioridad.