El partido Comunidad Organizada ratificó su apoyo a la denuncia penal por el convenio entre el gobierno de Río Negro y la empresa israelí Mekorot, firmado durante la gestión de la exgobernadora Arabela Carreras. La denuncia, que fue radicada la semana pasada por las legisladoras del bloque Vamos con Todos, Magdalena Odarda y Ayelén Spósito, apunta a la cesión de la política hídrica provincial a una entidad extranjera, una acción que genera rechazo en diversos sectores políticos y sociales de la provincia.

En un comunicado firmado por varias figuras de Comunidad Organizada, se refuerza la crítica a la exgobernadora Carreras, a quien se le acusa de no haber comprendido la gravedad de permitir que un país extranjero se haga cargo de la dirección de la política hídrica de Río Negro. En el documento, se subraya que, más allá de sus viajes y reuniones, la responsabilidad de este acuerdo recae sobre su firma, la cual fue dada en representación de un gobierno provincial que, según la Constitución de Río Negro, otorga la gestión del agua al Departamento Provincial de Aguas (DPA), una entidad local. Además, se hace hincapié en que las universidades nacionales presentes en la región, como la UNRN, la UNCO y la UTN, deberían tener prioridad en las consultorías relacionadas con este tipo de proyectos.

Si bien la denuncia señala que la responsabilidad política de este acuerdo recae en el actual gobernador Alberto Weretilnek, la acción judicial también hace mención a la responsabilidad penal y civil de quienes han respaldado el convenio, particularmente la exgobernadora. Se afirma que la firma del acuerdo representa una posible violación de normas claramente establecidas que protegen el recurso hídrico como un bien común para la provincia.

En la misma línea, el comunicado de Comunidad Organizada también ha exigido que el contenido secreto del acuerdo entre el gobierno de Río Negro y Mekorot sea informado en la Legislatura de la provincia, subrayando que los ciudadanos tienen derecho a conocer los términos del mismo. De acuerdo con los firmantes de la denuncia, la falta de transparencia en este tipo de acuerdos solo contribuye a la desconfianza pública.

Además, desde el partido se hace una crítica sobre el uso potencial del agua en la provincia, alertando que, si se gestionara correctamente, el recurso hídrico podría ser clave para el desarrollo económico de Río Negro. Se señala que la canalización del agua hacia la región sur permitiría duplicar el Producto Bruto Provincial genuino, un beneficio que, según los firmantes, se ve opacado por las decisiones de corto plazo que han favorecido negocios con las petroleras, dejando poco para el futuro de la provincia.

El comunicado también subraya que, más allá de su importancia económica y productiva, la gestión irresponsable del agua pone en riesgo la disponibilidad del recurso para las generaciones futuras, un argumento que resalta la preocupación por el impacto ambiental y social a largo plazo.

El comunicado de apoyo cuenta con la firma de las autoridades de ese partido como Jaime Arce, Juan Paillalef y Lorena Alan, Carlos Lepiante, Antonella Ramos, Alberto Catriel, Gonzalo Gerez,  María E. Parma, Dora Barbosa y Silvia Runitzky.