Por Osvaldo Mario Nemirovsci+

Hace tiempo advertimos sobre el peligro que significa que los estados provinciales pierdan atributos respecto a las Centrales hidroeléctricas. No solo en virtud de claros preceptos constitucionales que le otorgan, sin duda alguna, el dominio sobre los recursos (art. 124 de la CN/1994 dice: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”) sino porqué cualquier modelo de privatización, con o sin acuerdo de las provincias, conlleva que distintas miradas surjan sobre necesidades para que los privados contemplen, y suponemos que esto deja de tener importancia cuando solo el mercado ponga los límites que controlan las centrales, sus necesidades y todo el manejo de áreas circundantes.

O sea, cuando solo el lucro conduzca, como principal objetivo, el manejo de las represas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, dejará de importar temas como los establecidos legalmente para que se establezca el uso adecuado del recurso hídrico, asegurar el riego en la producción pastoril y ganadera, valorar la eficacia hídrica que asegure mejor tecnificación del riego, la accesibilidad cómoda al agua, el almacenaje y distribución de acuerdo a necesidades regionales y de producción, irrigar hectáreas colindantes a las represas. En definitiva, garantizar un mejor aprovechamiento del recurso y poner en valor cuestiones no tomadas por las licitaciones originales como el cuidado ambiental, prevención para sequías y temas de calentamiento global. Todo esto desde ya, poniendo tambien en resguardo lo atinente a lo productivo con sustentabilidad.

Recordemos que existe una disposición legal clave en esto que es la ley 15336/60 en cuyo art. 15 se da un orden de importancia a la utilización del agua como bien valorable. Primero para ser bebida, segundo para riego y tercero para generar energía. Y no es una prelación caprichosa.

En Río Negro y Neuquén trabajan mucho y bien los integrantes del Foro en Defensa de los Ríos y la Recuperación de las Hidroeléctricas.

El gobierno nacional, carente de toda sensibilidad social y de apego al respeto federal, hace y deshace, a veces con el silencio cómplice de los gobernadores de provincias afectadas, y entonces por ejemplo, para “ajustar” e invertir menos para que siga funcionando la falacia del trucho “superávit fiscal”, junto con la resolución de la Secretaría de Energía que pone fin a los contratos de concesión de las centrales, desactiva el ORSEP- Organismo Regulador de Seguridad de Presas) y esto, aunque no le importe a Milei, Sturzenegger y la responsable de Energía María Carmen Tettamanti,  es muy grave pues afecta la seguridad de localidades situadas aguas abajo. El cambio climático con su fuerte impacto sobre crecidas de los ríos, es un peligro latente para los niveles que manejan los embalses.

No se puede jugar con la tranquilidad, los bienes y hasta la vida de pobladores regionales con la liviandad de manejar una planilla que solo contemple datos económicos.

No existen medidas de prevención, evacuación y análisis de riesgos residuales ante momentos de catástrofe. Está y queda totalmente desatendida la seguridad de las poblaciones ribereñas.

Los gobernadores de Neuquén y de Río Negro debieran estar atentos a solicitar mejores condiciones de protección en las represas ya que todo cambió de status jurídico, al modificarse contratos, aunque los concesionarios sean o no, los mismos, puede dejar en el olvido cláusulas que hacen a la seguridad.

La mayoría de las empresas del sector, en el mundo, tienen modelos de gestión público o semi público. Así ocurre en Canadá, Francia, Suecia, Italia, y en varios estados de Norteamérica, siendo una de las más conocidas la TVA/Autoridad del Valle de Tennessee, que presta servicios vinculados a la energía y alcanza no solo al estado propio sino hasta Alabama, Misisipi y Kentucky y llega a localidades de Georgia, Carolina del Norte y Virginia.

Cuando el mercado pone sus condiciones, los ciudadanos pierden las suyas.

*Diputado Nacional mc – PJ Río Negro