Mango propone controlar cómo se aplica el nuevo Régimen Penal Juvenil

El diputado nacional presentó un proyecto para crear un Observatorio Parlamentario que releve su implementación, los recursos asignados y el impacto sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Comentar

El Congreso Nacional podría contar con un ámbito específico para seguir la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que comenzará a regir en septiembre. La iniciativa busca que la implementación de la Ley Nº 27.801 sea monitoreada de manera permanente y que se evalúe su impacto en las distintas jurisdicciones del país.

El proyecto fue presentado por el diputado nacional rionegrino Marcelo Mango, quien propone crear en la Cámara de Diputados de la Nación el Observatorio Parlamentario de Seguimiento de la Implementación del Régimen Penal Juvenil. La propuesta cuenta con el acompañamiento de Jorge Araujo, Nancy Sand, Eduardo Valdés, Cristian Andino, Adriana Serquis, Carlos Castagneto, Hugo Yasky, Hilda Aguirre, Jorge Chica, Raúl Hadad, Moira Lanesan, Ana María Ianni, Christian Zulli y otros diputados y diputadas nacionales.

El objetivo central del organismo sería fortalecer las funciones de control del Congreso durante la puesta en marcha del nuevo régimen y verificar que las medidas que se adopten respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Entre sus tareas, el Observatorio tendría que relevar información sobre la aplicación del régimen en las distintas jurisdicciones, analizar sus efectos y evaluar las condiciones en las que se desarrolla. También se plantea realizar un seguimiento de los recursos destinados a la implementación de la nueva normativa.

Para llevar adelante ese trabajo, la iniciativa contempla la articulación con organismos públicos, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, universidades, organizaciones de la sociedad civil y organismos especializados en derechos humanos. La intención es reunir información de distintos ámbitos para contar con una evaluación integral de la aplicación del régimen.

Mango sostuvo que el Congreso no debería limitar su intervención a la sanción de una ley, sino que también tendría que controlar qué sucede una vez que la norma comienza a producir efectos. En ese sentido, planteó que el seguimiento de las políticas públicas forma parte de las responsabilidades institucionales del Poder Legislativo.

La presentación se produce antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen, prevista para septiembre, y en la proximidad del Día de las Infancias. Mango vinculó ambas fechas con la necesidad de reforzar las políticas de protección integral destinadas a niñas, niños y adolescentes y reclamó que su implementación cuente con recursos y condiciones adecuadas.

El legislador rionegrino, que votó en contra del Régimen Penal Juvenil finalmente establecido por la Ley Nº 27.801, enumeró algunos de los principales desafíos que, a su entender, deberán ser monitoreados: la disponibilidad de infraestructura, la formación de equipos interdisciplinarios, la existencia de dispositivos alternativos a la privación de la libertad y la asignación de recursos presupuestarios a las provincias.

En esa línea, cuestionó que ante una consulta formulada al Poder Ejecutivo en el marco del Informe Nº 145 del Jefe de Gabinete de Ministros no se hayan precisado montos presupuestarios, programas ni recursos concretos destinados a la implementación del nuevo régimen.

El planteo apunta a que el Congreso pueda conocer qué medidas está adoptando el Gobierno, con qué recursos y bajo qué condiciones, además de evaluar los resultados que genere la aplicación de la normativa en las distintas jurisdicciones.

Para Mango, la sanción de una ley no cierra el proceso legislativo cuando se trata de una política pública que tendrá efectos sobre niñas, niños y adolescentes. Por eso, el proyecto plantea establecer un mecanismo de seguimiento parlamentario permanente, con capacidad para advertir eventuales vulneraciones de derechos y promover modificaciones cuando sean necesarias.

El diputado también sostuvo que la respuesta estatal frente a las problemáticas vinculadas con la niñez y la adolescencia no debería quedar limitada a una perspectiva punitiva y planteó la necesidad de políticas de prevención, inclusión y oportunidades como parte de una estrategia integral.

También te puede interesar...