Las causas vinculadas con el programa nacional Techo Digno exponen una pregunta que excede la responsabilidad penal de los exfuncionarios investigados: ¿cuánto tiempo y cuántos recursos demanda para el Estado un proceso judicial que, después de años de trámite, debe volver sobre decisiones ya tomadas?

Los hechos investigados ocurrieron hace más de una década. Sin embargo, los expedientes todavía no tienen un cierre definitivo. En Sierra Grande, el Tribunal de Impugnación anuló las absoluciones de Renzo Tamburrini, Mauro Tamburrini y Ernesto Noel y ordenó realizar un nuevo juicio. La decisión dejó sin efecto el debate oral que había terminado en junio de este año.

El tribunal encontró defectos en la valoración de las pruebas y consideró que la sentencia no había respondido de manera suficiente a los cuestionamientos de la Fiscalía. Entre otros puntos, observó que no se analizaron integralmente los testimonios de quienes inspeccionaron las viviendas, los informes técnicos y la documentación contractual.

La resolución también cuestionó el tratamiento que recibió la declaración de un trabajador municipal sobre la confección de certificados de obra. El testimonio describía situaciones en las que se habrían seleccionado tareas para alcanzar porcentajes previamente establecidos, aunque los avances no coincidieran con los trabajos efectivamente realizados.

La consecuencia procesal es concreta: un juicio que ya se realizó deberá repetirse. La anulación no significa que los acusados sean culpables ni anticipa cuál será el resultado del próximo debate. Pero sí implica que el Estado deberá volver a organizar un proceso, convocar a las partes y disponer de los recursos judiciales necesarios para revisar hechos que se investigan desde hace años.

El antecedente de Gennuso

El recorrido de la causa contra el exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, también permite observar la extensión de estos procesos y las sucesivas revisiones de las decisiones judiciales.

La investigación se refiere a movimientos de fondos municipales realizados en 2016, cuando se transfirieron $105 millones entre dos cuentas de la Municipalidad y se constituyeron plazos fijos. La Fiscalía sostuvo que esos recursos estaban destinados a la construcción de viviendas del programa Techo Digno y acusó al exjefe comunal por peculado.

El juicio oral se realizó en octubre de 2025 y terminó con la absolución de Gennuso. La Fiscalía recurrió esa decisión y, en marzo de 2026, el Tribunal de Impugnación confirmó el fallo. Sin embargo, el Ministerio Público insistió ante el Superior Tribunal de Justicia, que en octubre ordenó que otra integración analizara si los mismos hechos podían encuadrarse como malversación de caudales públicos.

El máximo tribunal no reabrió la discusión sobre el peculado, pero consideró que faltaba examinar esa posible calificación penal. La causa regresó entonces al Tribunal de Impugnación, que el 5 de noviembre absolvió nuevamente a Gennuso, esta vez por malversación.

El expediente atravesó así distintas instancias y necesitó nuevas intervenciones judiciales antes de llegar a esa resolución. Aunque el recorrido no fue idéntico al de Sierra Grande —en Bariloche no se ordenó repetir el juicio oral—, ambos casos muestran cómo una sentencia puede ser revisada y cómo una causa puede extenderse mucho más allá de su debate inicial.

El costo de volver a empezar

Cada juicio requiere una estructura de funcionamiento: jueces, fiscales, defensores, personal judicial, salas, audiencias, notificaciones y producción de prueba. Cuando una sentencia se anula y debe realizarse otro debate, buena parte de ese trabajo debe volver a ponerse en marcha.

No hay, en la información pública consultada para estos casos, una cifra consolidada que permita establecer cuánto costó cada proceso ni cuánto demandará el nuevo juicio en Sierra Grande. Por eso, no es posible asignar un monto concreto al impacto económico de las decisiones. Pero la repetición de audiencias y la prolongación de los expedientes representan necesariamente más tiempo de trabajo y recursos públicos destinados a la administración de justicia.

A ese costo institucional se suma el tiempo que transcurre para todas las partes involucradas. Los hechos investigados quedan cada vez más lejos, los procesos siguen abiertos y las respuestas judiciales se postergan. En causas que involucran fondos públicos y programas habitacionales, también permanece pendiente una respuesta sobre el manejo de recursos destinados a la construcción de viviendas.

Las preguntas que dejan los expedientes

La anulación de una sentencia no demuestra por sí misma que el tribunal anterior haya actuado de manera deliberada o que exista una irregularidad. La revisión de los fallos forma parte del sistema judicial y permite corregir decisiones cuando se detectan defectos jurídicos o de fundamentación.

Pero cuando esas revisiones terminan en la anulación de una sentencia y en la obligación de repetir un juicio, resulta inevitable preguntarse por la calidad de las decisiones iniciales, los controles sobre el trabajo judicial y los mecanismos para evitar que los procesos se prolonguen durante años.

En el caso de Sierra Grande, el Tribunal de Impugnación señaló que la sentencia absolutoria no había valorado de manera integral elementos relevantes del debate. En el caso Gennuso, el Superior Tribunal entendió que el Tribunal de Impugnación había omitido analizar una posible calificación penal de los mismos hechos. Son observaciones diferentes, pero ambas muestran que las decisiones judiciales también están sujetas a revisiones que pueden modificar sustancialmente el recorrido de una causa.

La discusión, entonces, no se limita a si los exfuncionarios serán condenados o absueltos. También alcanza al funcionamiento del sistema judicial: cuánto tarda en resolver, qué calidad tienen sus sentencias y quién asume el costo de volver a hacer un trabajo que ya se había realizado.