Luego de un acto institucional llevado a cabo en Viedma, el gobernador Alberto Weretilneck, volvió a destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no registró ningún femicidio en el territorio rionegrino durante el 2017.

Al ser consultado sobre Silvia Vázquez Colque, desaparecida en la capital provincial hace más de un año, luego de realizar denuncias por violencia de género, el mandatario se defendió argumentando que lo único que hizo fue difundir los datos.

“Me parece que nadie se puede enojar porque no haya ninguna mujer muerta”, retrucó el mandatario ante la repregunta por su desafortunado posteo en las redes sociales.

Tampoco consideró necesario la puesta en  funcionamiento de un órgano que produzca datos de la violencia que sufren las mujeres rionegrinas. Una demanda que todos los colectivos de género vienen exponiendo sin tener eco por parte del Estado.

Recordamos que en el mayo de 2013 la Legislatura rionegrina sancionó la Ley Nº 4845 que creaba el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo Provincial de la Mujer

El mismo debía estar en el ámbito del Consejo Provincial de la Mujer y tendría “por objeto la recolección, monitoreo, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres”.

El Observatorio  asumiría la misión de “brindar a quien lo solicite y en forma permanente, información con carácter de insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

Dicha Ley fue promulgada el 4 de junio de 2013  mediante el decreto 774 de ese año, firmado por el propio Weretilneck.

Mientras el Gobernador justificaba que no era absolutamente necesario poner en funcionamiento el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres porque "el Consejo Provincial de la Mujer, así como está funciona bien”, se conocía que en General Roca un hombre presuntamente asesinaba a una mujer.

Lamentablemente, el apego a las frías estadísticas le jugaron una mala pasada al mandatario provincial, al justificar que no era necesario cumplir con una Ley que el mismo promulgó.