La concejal Evelyn Rousiot expuso su rechazo a la medida del Gobierno Nacional por la cual prevé el recorte de las asignaciones familiares destinados a niñas, niños y adolescentes de 8 provincias del país, que incluye a la Patagonia en pleno.

"Mediante Decreto 720/18 Mauricio Macri le asestó un duro golpe a los bolsillos de miles de familias de la Patagonia y de nuestra ciudad. Por decreto y con una sola firma de la vicepresidenta Gabriela Michetti, se redujo las asignaciones familiares que se cobran en la Patagonia. Macri logra así acercarse a la exigencia de ahorro fiscal que nos impone el Fondo Monetario Internacional", sentenció la presidenta del bloque de concejales del FPV.

Rousiot además sostuvo que causa dolor e indignación "el silencio cómplice de los representantes locales de Cambiemos. El plus diferencial que se cobra en la Patagonia por asignación familiar no hace más que compensar las diferencias en el costo y las inclemencias de vivir en esta región”.

La edil esgrimió que esto lo saben muy bien Foulkes, Wisky, y Weretilneck; sin embargo callan pasivos ante lo que consideró un nuevo atropello que perjudica a las familias rionegrinas y garantiza el cobro a los financistas.

"Quizá vuelva a ofenderse ante la exposición cruda de los hechos que esta concejal le hace al Intendente Foukes, pero le volvemos a exigir que defienda ante la avanzada de su gobierno nacional a los ciudadanos de Viedma a quienes juró representar. Deje las declaraciones ambiguas y dubitativas y exponga la cruda realidad que están pasando sus vecinos y vecinas. Honre el cargo para el cual fue votado y deje de avalar los desatinos de Macri”, la concejal.

"La pérdida de puestos de trabajo con la desaparición de oficinas públicas nacionales en nuestra ciudad, la quita permanente de subsidios en los servicios públicos, el descontrolado incremento de los combustibles; son distintas caras de una misma política que se ha ensañado particularmente con nuestra región" reflexionó Rousiot.

Agregó que es una visión absolutamente economicista del Estado, en relación al ahorro que logra la administración central con esta sistemática quita de derechos.