La Mesa Nacional de Inquilinos respondió a las propuestas del Mercado Inmobiliario, en relación a la creación de la tarjeta "AlquilAR" y a los graves problemas que enfrentan en la actualidad para acceder a una vivienda.

Al respecto, destacaron que en los últimos días, referentes de la corporación inmobiliaria reunidos en el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (CoFeCI) han hecho pública una propuesta que, anteponiendo la situación de precariedad e indefensión de millones de argentinas y argentinos que alquilan, alienta en realidad subsidios y exenciones que benefician sólo su actividad.

Así lo señala el comunicado "Los inmobiliarios de Argentina somos parte de la solución – Propuestas reales para promover la normalización (sic) del mercado de alquileres ", en el que, detallan un total de cinco propuestas, además de sugerir no volver a prorrogar el plazo del decreto 66/2021 (que congela los alquileres y prohíbe los desalojos hasta el 31/03/2021).

Por otro lado, proponen que sea el Estado el que les pague los alquileres de sus propiedades a través de una tarjeta (que denominan AlquilAR). “El problema principal que tenemos los inquilinos e inquilinas no son esos, sino la deuda en materia de alquileres y los aumentos exorbitantes en los precios de los alquileres que se devoran nuestros ingresos”, afirmaron.

“Resulta curioso que, siendo una entidad que aglutina a martilleros públicos, la CoFeCI invoque las necesidades de las inquilinas y los inquilinos para estatizar deudas privadas con fondos públicos, o exija la exención de impuestos de un negocio millonario que cuyos principales beneficiarios son los martilleros”, agregaron.

“A quienes alquilamos desde hace años no nos sorprende que, una vez más, las inmobiliarias vuelvan a mentir ante la opinión pública. Es lógico: hoy están defendiendo sus intereses millonarios y mayoritariamente en negro, como lo han reconocido en los medios varios integrantes de las Cámaras”, manifestaron.

“Las y los inquilinos de este país tenemos voz propia. No necesitamos que los representantes del sector inmobiliario -para quienes primero cuenta la rentabilidad y el afán de lucro por sobre todas las cosas- hablen en nuestro nombre. Para eso nos venimos congregando en agrupaciones en todo el país, porque son ustedes quienes generan el principal problema de acceso a la vivienda familiar en Argentina, al ser ejecutores de aumentos indiscriminados, junto con todo tipo de abusos y atropellos.

Cualquier laburante sabe que ningún salario puede soportar el impacto de los aumentos desorbitados en los precios de alquiler, que en los últimos seis meses fue de un promedio del 83% (Diario La Nación) mientras que si se hubiera aplicado el índice del Naco Nación hubiera sido del 14%”, sostuvieron.

“Tampoco nos sorprende que estén en contra del Decreto 66/2021, porque estuvieron en contra durante toda la cuarentena, y hasta lo boicotearon prolijamente, toda vez que no informaron la existencia del mismo, intentaron hacer firmar contratos con aumentos (para los contratos extendidos), cobraron intereses por deudas (que estaban suspendidas), y presionaban a los inquilinos/as con deudas a desalojar. Todo en el marco de la pandemia”, indicaron.

Además, resaltaron que “la única medida que proponen es que se usen fondos del Estado para poder cobrar los alquileres. El problema es mucho más profundo, y lo conocemos bien porque lo sufrimos como inquilinos. El problema es la inequidad en la distribución de la vivienda, en la distribución de la tierra, en las posibilidades para el acceso a la vivienda digna”.

Finalmente propusieron la extensión del Decreto 66/2021 hasta tanto se recupere la situación económica de los inquilinos, llevar adelante una política de desendeudamiento para todos los inquilinos en 24 cuotas, toda vez que se le garantice el precio del contrato anterior y la continuidad en la vivienda a cada inquilino, el escalonamiento de los grandes, medianos y pequeños propietarios para el cobro de deudas: comenzar por los que menos viviendas tengan en alquiler, y que las grandes corporaciones absorban y condonen parte de las mismas, el congelamiento del precio de los alquileres por dos años hasta que mejore la situación económica del país, como lo realizaron Francia, Alemania, parte de España, Inglaterra, Holanda y varios países de Centroamérica, la reglamentación del Programa Nacional de Alquiler Social para atender el problema de los inquilinos/as en forma urgente, la incorporación del valor de los alquileres en la canasta básica del INDEC, que exista desde el Estado una política de relevamiento de datos del sector, incluyendo censo de vivienda ociosa en condiciones de habitabilidad, y una tarifa de servicios públicos para inquilinos.