En la Argentina, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes (NNyA) son pobres. El dato surge del último informe de Unicef, que incluye a aquellos menores de 18 años cuyos hogares no alcanzan a costear una canasta básica de bienes y servicios o cuyo contexto los priva de acceder a derechos básicos como la educación, la protección social, una vivienda o un baño adecuado, al agua o un hábitat seguro.

“El 69% de los chicos, chicas y adolescentes de la Argentina -8,6 millones, de acuerdo con las proyecciones de Unicef para el segundo semestre de 2023- experimentan carencias”, señala el informe titulado “Situación de niñez y adolescencia: 2023-2024. Pobreza, presupuesto y suficiencia del sistema de protección de ingresos”.

Cuál es la situación actual de la pobreza infantil y cómo evolucionó en los últimos años

En la Argentina, 7 de cada 10 NNyA (8,6 millones) experimentan carencias, ya sea monetarias o privaciones de algún tipo de derecho, como el acceso a la educación, la protección social, una vivienda o un baño adecuado, al agua o un hábitat seguro.

“El aumento de los precios y el estancamiento económico desde hace más de una década inciden en los aumentos del valor de las canastas y de la caída real del poder adquisitivo de la población”, explica el informe de Unicef.

Son 5,4 millones de niños, niñas y adolescentes los que tienen al menos privado un derecho, es decir, el 42,6%. Los datos muestran que desde 2016 hubo una caída con el paso del tiempo de este porcentaje, pero que se estancó (o incluso revirtió su tendencia) en 2021.

“El interrogante es si este descenso vinculado a acciones públicas, a políticas de agua, saneamiento, vivienda, no debería tener una velocidad de reducción mucho mayor”, pregunta Waisgrais.

Si se analiza sólo la pobreza monetaria, es decir, si los ingresos de los hogares son suficientes para solventar los gastos básicos, en la Argentina, el 57,5% de las niñas y niños son pobres. El dato surge de una elaboración propia de Unicef con datos del INDEC y de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), para el segundo semestre de 2023. Ese universo está compuesto por más de 7 millones de argentinos menores.

Sebastián Waisgrais, economista y especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef, señaló: “No todos los pobres son igual de pobres. El 57% muestra también disparidades dentro de los pobres”. El informe muestra, por ejemplo, que cuando la ubicación de la vivienda queda en un barrio popular, el porcentaje crece significativamente hasta el 84% o cuando la jefatura del hogar es monoparental, el índice sube al 67,9% por ciento.

“La Argentina enfrenta un problema estructural de pobreza infantil. En los últimos 40 años nunca se perforó el piso del 30% de pobreza monetaria en la niñez”, señala el informe.

Si los ingresos familiares no son suficientes para cubrir el valor de una canasta básica alimentaria, quienes allí viven se encuentran en situación de pobreza extrema o indigencia. En la Argentina, 1 de cada 5 menores viven en situación de indigencia (19,4%). En 2023, 630 mil menores se incorporaron a los hogares indigentes. En total, son alrededor de 2 millones.

Unicef trabaja desde 2003 con el Ministerio de Economía de la Nación para generar un conjunto de indicadores fiscales que dan cuenta de los esfuerzos financieros de todos los niveles de gobierno para mejorar las condiciones de vida de NNyA.

En un análisis transversal del presupuesto 2024 sobre niñez, se muestra una caída del 75% del crédito vigente en partidas centrales, en comparación al mismo periodo en 2023. “Esto implica restricciones vinculadas a políticas sensibles para la niñez y la adolescencia, como asignaciones familiares, políticas alimentarias, apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, fortalecimiento de jardines infantiles, infraestructura, equipamiento educativo, etcétera”, señala el informe.

Y el documento agrega: “De no ampliarse las partidas presupuestarias, existe un riesgo de disminución en la cobertura y calidad de prestaciones clave para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país”.

El estudio concluye que las políticas de protección de ingresos resultan centrales para mitigar los niveles de pobreza. Sin estos programas alrededor de 270 mil niñas y niños más vivirían en la pobreza y más de un millón pasarían a ser indigentes.