El legislador del bloque Partido Justicialista - Nuevo Encuentro (PJ-NE), Leandro García, expresó su disconformidad con los proyectos del Gobierno de Río Negro sobre la prórroga de las concesiones hidrocarburíferas y la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Ambos proyectos serán tratados mañana en la sesión de la Legislatura, junto con el aumento del impuesto a los Ingresos Brutos y la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial.
García manifestó que el régimen de incentivos a las grandes inversiones, sancionado por el Gobierno Nacional, no es beneficioso para la provincia y facilita la entrada de grandes capitales que no generan un crecimiento local significativo. En su declaración, señaló que este régimen permite la explotación de recursos naturales que ya tienen ventajas comparativas, convirtiendo a Río Negro en un productor competitivo a nivel internacional. Argumentó que no se necesitan estos incentivos, ya que flexibilizan la materia impositiva y reducen los recursos provinciales, además de complicar la situación externa con la suba de la brecha cambiaria y el tipo de cambio. García destacó que este régimen no promueve un entramado productivo local ni genera empleo, contribuyendo a la reprimarización de la economía y aumentando las dificultades financieras y económicas para la provincia.
Respecto a la renegociación de contratos hidrocarburíferos, el legislador reconoció la necesidad de atraer inversiones, pero criticó la falta de una revisión adecuada de las inversiones realizadas y la relación entre la rentabilidad de las empresas y las inversiones efectuadas. Aunque el bloque aún no tiene una postura unánime, García afirmó que el proceso de renegociación es necesario pero subrayó la falta de claridad en la estrategia provincial para garantizar que las inversiones se traduzcan en mayor producción y sustentabilidad ambiental y social.
El legislador también enfatizó la importancia de tener en cuenta las externalidades negativas de la industria hidrocarburífera, como el impacto en la infraestructura vial y el medio ambiente. Según García, el actual régimen no aborda adecuadamente estas externalidades ni la necesidad de que el Estado compense con incentivos a la reconversión de la matriz productiva y planes de remediación ambiental inmediatos.
En cuanto a la propuesta del Gobierno de extender la coparticipación a los municipios del 10% al 15%, García señaló que si bien la distribución de los fondos ha sido un tema de debate, esta medida puede ayudar a realizar obras de infraestructura en los municipios, especialmente aquellos afectados por el parate de la obra pública del Gobierno Nacional. Sin embargo, advirtió que las discusiones internas entre los municipios productores sobre la distribución de la renta aún no se han resuelto completamente.
El legislador concluyó que el debate sobre la distribución del bono prórroga se inicia con esta ley y que la Secretaría de Energía será la encargada de negociar con las empresas. A partir de estas negociaciones, se definirá un bono prórroga basado en las expectativas de rentabilidad y producción, lo que permitirá discutir la distribución hacia los municipios de manera más concreta.
19 septiembre 2024
Río Negro