Acusaciones contra la diputada Villaverde por venta de terrenos

Demoras en desarrollo inmobiliario desatan conflictos judiciales

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La diputada de La Libertad Avanza por Río Negro, Lorena Villaverde, enfrenta una serie de demandas civiles y una penal debido a demoras en un desarrollo inmobiliario en la costa de Río Negro. En mayo, Villaverde aceptó una mediación y pagó 10 millones de pesos para extinguir una de las demandas.

Las acusaciones, presentadas en 2023, incluyen tres demandas por daños y perjuicios en el fuero civil y una por fraude en el fuero penal, relacionada con una rifa y un loteo promovido por la excomisión directiva del Club Las Grutas. En mayo, Villaverde desembolsó 10 millones de pesos para frenar una de las causas civiles, mientras que las otras dos están en etapa de conciliación.

El conflicto principal radica en un desarrollo inmobiliario denominado “Tajamar”, promocionado por Villaverde. A fines de 2020, la diputada vendió un terreno a una mujer por 1,5 millones de pesos, prometiendo la entrega en un plazo de 10 meses, prorrogable por 6 meses más. Sin embargo, el plazo venció en febrero de 2021 sin que la compradora recibiera novedades.

En mayo de 2022, la compradora envió una Carta Documento intimando a Villaverde a finalizar las obras comprometidas. La situación se agravó cuando el municipio de San Antonio Oeste informó que la zona del terreno seguía siendo rural y no estaba habilitada para construir. Según la demanda, Villaverde omitió esta información y alentó a la compradora a iniciar la obra en noviembre de 2021, que ya estaba avanzada en un 65%.La defensa de Villaverde argumentó que las demoras se debieron a la pandemia de Covid-19. No obstante, el abogado de la compradora, Lucas Cerro, alegó que Villaverde actuó con dolo al concretar la venta con conocimiento de las restricciones y demoras administrativas. Cerro presentó una demanda civil por daños y perjuicios, reclamando 6,5 millones de pesos en marzo de 2023.

El proceso judicial avanza en el juzgado multifueros de San Antonio Oeste, donde Villaverde ya ha accedido a una conciliación en una de las tres causas, pagando dos cuotas de 5 millones de pesos cada una. Los otros dos casos están en espera de fechas para negociar posibles acuerdos.

La situación legal de Villaverde se complica con la denuncia penal por fraude, que aún está en etapa de investigación. La diputada deberá enfrentar este y otros desafíos judiciales en los próximos meses mientras se resuelven las demandas presentadas en su contra.

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