El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), anunciaron una nueva marcha federal universitaria el próximo 2 de octubre. La movilización tiene como objetivo exigir la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada recientemente en el Congreso, pero que enfrenta un posible veto del presidente Javier Milei.

El CIN, que agrupa a los rectores de las universidades públicas de todo el país, junto con los gremios y los estudiantes, busca defender la continuidad del financiamiento del sistema universitario público, que consideran fundamental para garantizar la educación de calidad. La posible decisión del Gobierno de vetar la ley generó gran preocupación en la comunidad universitaria, que advierte sobre el impacto negativo que tendría sobre los salarios del personal y el funcionamiento de las instituciones.

La marcha federal, que contará con la participación de estudiantes, docentes y no docentes de todas las universidades del país, se presenta como una respuesta a lo que califican como una falta de diálogo por parte del Gobierno nacional.

El CIN lanzó un firme reclamo hacia el Gobierno nacional por el desfinanciamiento y la falta de diálogo con el sistema universitario. En un comunicado emitido tras una reunión en Buenos Aires, las rectoras y rectores de universidades públicas pidieron la no implementación del veto anunciado a la Ley de Financiamiento Universitario y revisiones urgentes en el proyecto de presupuesto para 2025.

Desde principios de 2024, el CIN el mantuvo contacto con autoridades nacionales, alertando sobre las dificultades que enfrentan las universidades y el sector científico. Sin embargo, aseguran que, a pesar de sus esfuerzos, los intentos de diálogo han sido infructuosos. Las universidades soportaron una campaña de desprestigio, mientras más del 70% del personal educativo percibe salarios por debajo de la línea de pobreza.

La aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, que ofrece cierta previsibilidad en cuanto a los recursos, fue vista inicialmente como un avance. No obstante, el anuncio del veto presidencial devolvió la incertidumbre a las universidades. Además, el proyecto de presupuesto para 2025 empeoraría la situación, ya que propone fondos insuficientes para el sector, una distancia nunca antes vista respecto a lo solicitado por el CIN.

El CIN advierte que el país no podrá resolver sus problemas estructurales si no prioriza la educación y la ciencia en sus presupuestos. Señalan que no se trata solo de recursos, sino de prioridades, recordando que la inversión en estos sectores es clave para el desarrollo económico y social del país.