La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresó su preocupación por los incrementos en las facturas de gas de la empresa Camuzzi Gas del Sur, que afectan gravemente a los usuarios. Las subas, catalogadas como desproporcionadas e imprevisibles, generaron una carga económica considerable en los hogares, especialmente durante los meses de mayor consumo.

Ante esta situación, Camuzzi habilitó una opción de financiamiento a través de un préstamo personal gestionado por el Banco Macro. Sin embargo, desde ADPRA advierten que esta medida no fue previamente validada por el Ente Regulador, lo que genera incertidumbre sobre la protección de los derechos de los usuarios. Además, se alertó que la financiación solo cubre hasta dos facturas en tres cuotas con una tasa de interés nominal anual del 70%, lo que podría empeorar la situación económica de los usuarios.

El Defensor del Pueblo del Municipio de Viedma, Marín Pérez Morando, advirtió que esta opción de financiamiento, al no contar con la intervención del Ente Regulador, obliga a los usuarios a endeudarse con un solo banco, sin ofrecer alternativas más accesibles. También señaló que en caso de incumplimiento, el servicio de gas podría ser interrumpido, sumando a la deuda bancaria la desconexión del suministro básico.

Desde ADPRA recordaron que en 2018, bajo la Resolución ENARGAS 97/2018, se había permitido financiar las tarifas a tasas significativamente más bajas, en un esfuerzo por aliviar el impacto en los usuarios. No obstante, en esta ocasión, las tarifas elevadas y las altas tasas de financiamiento ponen en riesgo la estabilidad financiera de los hogares.

La asociación denunció que el actual esquema tarifario crea una situación de desigualdad entre los usuarios, ya que quienes no pueden ajustar su economía familiar se ven forzados a endeudarse para mantener el servicio de gas, postergando otras necesidades esenciales. Además, señalaron que la política actual favorece a las concesionarias y entidades financieras, en lugar de garantizar la accesibilidad y asequibilidad de un servicio básico como es el gas.

Por último, ADPRA exigió una intervención eficaz del Ente Regulador para proteger los intereses económicos de las personas usuarias y asegurar que cualquier medida adoptada priorice la capacidad de pago de los usuarios frente a los aumentos tarifarios.