Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que la inflación de enero fue del 2,2%, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que la baja de precios no se traduce en una mejora del poder adquisitivo de la población. El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, señaló que la desaceleración inflacionaria se da en un contexto de "brutal recesión" y en medio de despidos tanto en el sector público como privado.

El dirigente sindical cuestionó el festejo del presidente Javier Milei sobre el dato de inflación, al sostener que "poco sirve que baje la inflación a aquellos que ni siquiera tienen salarios". Según cifras oficiales de la Secretaría de Trabajo, entre el sector público y privado se registraron 185 mil pérdidas de empleo hasta noviembre de 2023, y se estima que la cifra habría ascendido a 230 mil en los meses posteriores.

Desde ATE también señalaron que, en materia salarial, aún no se compensó el impacto de la devaluación impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, al inicio de la gestión. Además, indicaron que la mayoría de las paritarias quedaron por debajo del índice de inflación, afectando el poder adquisitivo de las y los trabajadores. En ese sentido, la paritaria de la Administración Pública Nacional registró una pérdida del 44,4% respecto a la evolución de los precios en 2024.

El gremio también hizo referencia a un estudio de una consultora especializada que indicó que el consumo en supermercados y almacenes de barrio cayó un 13,9% en 2024, marcando uno de los descensos más pronunciados de los últimos 20 años.

Por otro lado, ATE se refirió a un informe de los trabajadores del Indec, quienes calcularon que en enero el salario mínimo necesario para cubrir los consumos esenciales debería ser de $1.616.148. Según el sindicato, esta "Canasta de Consumos Mínimos" permitiría medir de manera más precisa la evolución del costo de vida, aunque indicaron que el Gobierno aún no adoptó esta metodología.

Finalmente, Aguiar sostuvo que "el derecho constitucional a una retribución justa quedó relegado" y que "un salario promedio está lejos de garantizar una vivienda digna, alimentación adecuada, salud, educación y otros derechos básicos". También afirmó que el Ejecutivo mantiene un "método de medición de precios desactualizado" que, según el gremio, no refleja con exactitud la situación económica actual.