El presidente del Concejo Deliberante de Catriel, Alberto Alfredo Ariaudo, fue imputado este sábado por coacción agravada, amenazas reiteradas y portación ilegal de arma de fuego, tras una audiencia solicitada por la fiscalía descentralizada de la localidad. La jueza de Garantías aceptó la formulación de cargos y ordenó medidas cautelares para resguardar la institucionalidad y proteger a la intendenta, a los testigos y a la víctima de los hechos denunciados.

Según la acusación fiscal, los hechos investigados ocurrieron en distintas fechas e involucraron amenazas contra funcionarios municipales y la exhibición de un arma de fuego en instalaciones oficiales. El primer episodio tuvo lugar el 8 de marzo, cuando Ariaudo habría enviado un mensaje de WhatsApp amenazante al asesor técnico del municipio, con la intención de forzarlo a abandonar su puesto de trabajo. El segundo hecho se registró el viernes pasado, cuando el acusado habría enviado otro mensaje similar a la intendenta, generándole temor.

La fiscalía también lo señaló por presentarse en la sede del Concejo Deliberante con un revólver sin autorización legal y exhibirlo ante una cámara de seguridad interna, lo que fue interpretado como un acto intimidatorio hacia la intendenta. Además, se lo acusa de amenazar por WhatsApp al secretario de Prensa del municipio, intentar agredir al responsable del área de Comunicación tras amenazarlo por teléfono, y de exhibir nuevamente un arma en el patio frontal del edificio municipal ante dos personas.

El fiscal a cargo de la investigación precisó que los cargos incluyen “coacción agravada por obligar a una persona a abandonar su trabajo” (artículo 149 ter, inciso 2, apartado b, del Código Penal), “amenazas reiteradas” (artículo 149 bis en función del artículo 55) y “portación ilegal de arma de fuego de uso civil reiterada” (artículo 189 bis, inciso 2, tercer párrafo), todo en concurso real conforme al artículo 55 del Código Penal. La querella adhirió a la imputación y la defensa no presentó objeciones formales.

Durante la audiencia, Ariaudo manifestó estar arrepentido y anunció su renuncia al Concejo Deliberante, lo que fue aceptado por la querella y respaldado por el fiscal. Según explicó el fiscal jefe, la fiscalía tenía previsto solicitar su prisión preventiva y el desafuero, pero el acusado optó por colaborar con la investigación y evitar que el conflicto escalara.

Entre las medidas cautelares impuestas, la jueza determinó que Ariaudo debe fijar domicilio, presentarse semanalmente ante la justicia y abstenerse de obstaculizar el proceso judicial. Además, se le prohibió el contacto con la intendenta, los testigos y otras personas involucradas en la causa, así como acercarse a menos de 300 metros de la vivienda de la jefa comunal, el municipio y la sede del Concejo Deliberante. Para garantizar el cumplimiento de estas restricciones, se solicitó la implementación de un sistema de monitoreo dual, similar al utilizado en casos de violencia de género.

El imputado aceptó las condiciones establecidas por la justicia para recuperar su libertad. La jueza advirtió que cualquier incumplimiento podría derivar en la adopción de medidas más restrictivas y fijó en cuatro meses el plazo para la investigación preparatoria.