El tribunal a cargo del juicio por el homicidio de Otoño Uriarte dictó prisión perpetua para los cuatro acusados, al considerarlos responsables del delito bajo la calificación legal establecida en la sentencia. Los condenados, Ángel Germán Antilaf, José Hiram Jafri, Ricardo Néstor Cau y Maximiliano Manuel Lagos, permanecen detenidos bajo prisión preventiva.
El proceso judicial incluyó trece audiencias llevadas a cabo entre noviembre y diciembre del año pasado. Durante ese período, el tribunal determinó que los imputados fueron responsables del crimen cometido el 23 de octubre de 2006 en la localidad de Fernández Oro. Según la reconstrucción de los hechos, la joven fue interceptada en una zona poco transitada, privada de su libertad y luego asesinada. Su cuerpo fue hallado seis meses después, el 24 de abril de 2007, en el canal principal de riego.
Tras la declaración de culpabilidad, el juicio avanzó a la etapa de cesura, en la que se definió la pena. Durante la audiencia del 6 de marzo, la fiscal jefa Teresa Giuffrida y la abogada querellante Gabriela Prokopiw, representante de Roberto Uriarte, padre de la víctima, solicitaron la imposición de prisión perpetua para los cuatro acusados. Finalmente, en la audiencia realizada el 20 de marzo, el tribunal hizo pública su sentencia.
Entre las pruebas clave que sustentaron el fallo, se destacó la utilización de la odorología forense, un método que permitió vincular a los condenados con la escena del crimen. El uso de perros rastreadores permitió detectar la presencia de la víctima en la vivienda de los hermanos Jafri y Cau antes de su asesinato. Además, los testimonios incorporados al expediente evidenciaron un patrón de hostigamiento previo hacia Otoño, la sustracción de su bicicleta como parte de un plan premeditado y la presencia de rastros de material biológico en la zona donde se encontró el cuerpo.
El tribunal estuvo compuesto por las juezas María Florencia Caruso y Amorina Sánchez Merlo, y el juez Juan Puntel. En representación de los imputados, intervinieron los defensores Carlos Vila, Gustavo Lucero, Rubén Antiguala y Marcelo Caraballo, este último integrante de la Defensa Pública. La sentencia se basó en la figura legal de "privación ilegítima de la libertad agravada por la participación de tres o más personas, por ser la víctima menor de edad y por haberle ocasionado intencionalmente la muerte".
14 marzo 2025
Judiciales