El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, destacó la importancia de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro demuestre la eficacia del nuevo Código Procesal Constitucional, a través de un expediente que el máximo órgano judicial de la provincia deberá resolver. Este caso, que involucra una acción de mandamus presentada por Berros, busca obligar al gobernador Alberto Weretilneck y a su gabinete a entregar el contrato entre la empresa pública Horizonte Seguros S.A. y la consultora DIENST Consulting S.A., encargada del control de las licencias médicas del personal estatal.
En su intervención, Berros hizo un fuerte reclamo al STJ para que actúe con rapidez y eficacia, demostrando que la implementación de este nuevo código procesal no es un "fiasco", sino una herramienta efectiva para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos y el Estado cumpla con sus obligaciones de ser transparente. "Este es el primer caso bajo el nuevo Código Procesal Constitucional, y el STJ tiene la oportunidad de demostrar que este marco normativo puede ser utilizado para exigir al gobierno la rendición de cuentas y la transparencia", afirmó el legislador.
El reclamo surge después de que el Ejecutivo se negara a entregar el contrato con DIENST, a pesar de los reiterados pedidos formales del bloque Vamos con Todos, que incluyeron tres solicitudes de informes legislativos y cartas documento dirigidas al propio gobernador, al ministro de Hacienda Gabriel Sánchez y a la presidenta de Horizonte Seguros, Mariana Caraballo. Para Berros, esta negativa a compartir la información es un claro incumplimiento de la Constitución Provincial, que establece la transparencia como principio fundamental en la gestión pública.
“Este ocultamiento de información está vulnerando el derecho de los ciudadanos a saber cómo se manejan los recursos públicos. El contrato con DIENST debería ser público, y como empresa estatal, Horizonte Seguros debe cumplir con las normativas provinciales sobre contratación pública y publicidad de los actos administrativos”, señaló Berros. A través del mandamus, el legislador busca obligar a la entrega de la información requerida y poner de relieve la importancia del acceso a la información pública como un derecho esencial para la ciudadanía.
Finalmente, Berros enfatizó que este expediente no solo pone a prueba la disposición del gobierno para ser transparente, sino también la efectividad del STJ en el uso del nuevo código procesal. "Este caso es una prueba de fuego para el Poder Judicial de Río Negro, que debe demostrar su compromiso con los principios democráticos y con fortalecer la confianza pública en las instituciones", concluyó.
8 abril 2025
Río Negro