El Decreto 196/2025, que establece nuevos requisitos para la renovación del registro de conducir profesional, generó una fuerte reacción en distintos sectores del país. La medida incluye la obligatoriedad de realizar cursos presenciales y abonar montos que, en algunos casos, superan los $300 mil. La normativa afecta incluso a quienes prestan servicios voluntarios en instituciones sin fines de lucro, como es el caso de los bomberos.

Desde Río Negro, el senador nacional Martín Doñate, perteneciente al bloque Unión por la Patria, se expresó en duros términos a través de su cuenta en la red social X. Allí cuestionó el impacto del decreto sobre trabajadores y trabajadoras que desempeñan tareas fundamentales en sus comunidades sin recibir ningún tipo de remuneración. “¿Qué clase de país somos si le cobramos $300 mil a un bombero voluntario para que pueda seguir manejando un camión y salvar vidas?”, escribió.

Doñate también criticó el rol del Estado en la implementación de la normativa y advirtió que mientras se imponen exigencias económicas a las organizaciones solidarias, “empresas privadas hacen negocio con las licencias y el Estado se desentiende”. En ese sentido, expresó que “desregulación no es libertad, es abandono”, aludiendo a las políticas del gobierno nacional orientadas a liberalizar distintos sectores, incluso aquellos vinculados a servicios esenciales y comunitarios.

El senador confirmó que presentó un pedido formal al jefe de Gabinete de Ministros para que se eliminen estos requisitos para bomberos voluntarios, cooperativas y trabajadoras y trabajadores de instituciones sin fines de lucro en todo el territorio nacional. La solicitud, según expresó en la misma publicación, se fundamenta en el relevamiento que realizó en distintas localidades rionegrinas durante los últimos días, donde recibió múltiples planteos y testimonios directos sobre las dificultades que implica el nuevo régimen.

“El reclamo que estoy haciendo es el que vengo recogiendo en estas horas a lo largo y ancho de Río Negro”, señaló Doñate, quien además propuso que se establezca un régimen especial para quienes brindan servicios solidarios a sus comunidades sin pedir nada a cambio. La iniciativa apunta a evitar que estos sectores deban asumir costos que, en muchos casos, resultan inaccesibles y que podrían comprometer la continuidad de tareas fundamentales como la atención de emergencias o el traslado de personas en zonas rurales.

Desde diversas entidades civiles y cuarteles de bomberos voluntarios ya se había manifestado preocupación por el impacto del decreto. La exigencia de realizar capacitaciones presenciales y el elevado costo de renovación son señalados como obstáculos que atentan contra el carácter voluntario de estas funciones. El pedido de revisión de la normativa se suma a otros reclamos que surgen desde distintas provincias, especialmente en regiones donde el trabajo comunitario es el único sostén frente a situaciones de emergencia.