"Nos estamos encontrando con familias a las que les cortan los servicios a pesar de que existe una ley que las protege, simplemente porque no saben que tienen ese derecho", advirtió Ana Marks, legisladora del bloque PJ Nuevo Encuentro. La norma provincial, vigente desde hace años y prorrogada en diciembre, impide el corte de servicios públicos a hogares en situación de emergencia socioeconómica. Sin embargo, según denunció la parlamentaria, su aplicación es deficiente por falta de difusión y de control por parte del Estado provincial.

Marks presentó un pedido de informes al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y al Ministerio de Hacienda. En él, solicitó datos sobre campañas de difusión realizadas, cantidad de beneficiarios registrados, cortes evitados y planes de pago vigentes. Hasta el momento, solo el EPRE respondió, de forma parcial. "El Ministerio de Hacienda ni siquiera contestó", afirmó.

La legisladora cuestionó que la normativa depende de que las familias realicen un trámite ante las prestadoras, algo que en la práctica se vuelve inaccesible si no existe información clara. "Si uno tiene un derecho pero no sabe que lo tiene, es muy difícil que llegue al trámite correspondiente", explicó. Además, relató que su preocupación creció al acercarse a un grupo de jubilados que protestaban en Bariloche por los cortes de luz: ninguno conocía la existencia de esta ley, y las prestadoras tampoco brindaban orientación.

"El trámite está reglamentado para ser simple, pero si no se difunde, es absolutamente inaccesible", insistió. La normativa alcanza a personas jubiladas con la mínima, familias encabezadas por mujeres sin empleo, personas con discapacidad y otros sectores en situación de vulnerabilidad. "Estamos hablando de un rango muy grande de personas que podrían estar protegidas y no lo están", agregó.

Marks también cuestionó la falta de sesiones en la Legislatura. Desde el inicio del período ordinario, el 1° de marzo, no se han realizado debates. "No hay ni días de que haya sesión", reclamó. Según sostuvo, la agenda legislativa está completamente subordinada a las prioridades del Poder Ejecutivo: "Ningún proyecto se debate si no es del gobernador", afirmó.

Por último, la legisladora puso el foco en la situación energética en Bariloche, donde más de 5.000 familias no pueden conectarse al gas por la paralización de obras. "Río Negro fue la única provincia que no firmó el acuerdo para terminar la planta compresora. Hoy la obra está frenada y las factibilidades de gas, limitadas", explicó. Y concluyó: "No hay una mirada energética puesta en la gente. La provincia piensa su matriz energética en función de la exportación, pero nuestros vecinos siguen sin poder pagar la factura de luz o acceder al gas."