Con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, técnicas y laborales, el Gobierno de Río Negro llevó adelante un operativo conjunto de control en distintos sectores del trazado del oleoducto Vaca Muerta Sur, donde actualmente se desempeñan más de 800 personas.

La inspección fue desarrollada por equipos técnicos de los organismos provinciales de Ambiente y Cambio Climático, Hidrocarburos, Minería, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la Secretaría de Trabajo. Durante el operativo, los equipos recorrieron frentes de obra ubicados sobre la barda norte y el obrador principal instalado en Chichinales, en el kilómetro 66 de la segunda etapa del ducto.

Las autoridades provinciales verificaron los trabajos que actualmente se ejecutan en diversos tramos, como la apertura de zanja y la soldadura de cañerías. Uno de los focos estuvo puesto en la planta de doble junta, donde se observaron procesos de soldadura mecanizada realizados sin intervención manual, utilizando tecnología de alta precisión y control de calidad mediante evaluaciones radiográficas.

El operativo incluyó también el control de la trazabilidad de los materiales empleados, las condiciones de seguridad e higiene en los frentes de trabajo y la fiscalización del manejo de residuos especiales. Asimismo, se revisaron las condiciones laborales de las y los trabajadores que forman parte del proyecto. Según se informó, este tipo de inspecciones se realiza de manera rutinaria, aunque en esta ocasión se integraron distintas áreas provinciales para una fiscalización más amplia y coordinada.

La segunda etapa del oleoducto contempla la instalación de más de 430 kilómetros de cañerías que unirán Allen con Punta Colorada, lo que permitirá consolidar la posición estratégica de Río Negro en el esquema de exportación del petróleo extraído en Vaca Muerta. La primera etapa ya conecta Loma Campana con Allen a través de 130 kilómetros de ducto.

Con este operativo, la provincia refuerza su política de seguimiento permanente sobre grandes obras de infraestructura energética, con énfasis en el cuidado ambiental, el respeto de los derechos laborales y la protección del interés público en el desarrollo de proyectos vinculados a la producción hidrocarburífera.