La Fiscalía de Estado de Río Negro puso en marcha una serie de instancias de formación destinadas a abogadas y abogados del sector público, con el objetivo de fortalecer su capacitación en el marco de las recientes reformas a los códigos procesales provinciales. Las actividades están dirigidas a quienes cumplen funciones en áreas jurídicas y de control de legalidad dentro del Poder Ejecutivo provincial.

Los conversatorios se centran en los cambios normativos en materia constitucional, administrativa y civil, y buscan generar un espacio de interpretación colectiva sobre la implementación de estas modificaciones. Estas jornadas también procuran afianzar los vínculos entre los equipos jurídicos del Estado y los organismos de control, favoreciendo una práctica profesional más articulada.

Además de estas actividades, se continúa desarrollando una propuesta académica integral que incluye una diplomatura en abogacía pública. Esta instancia de formación fue concebida para jerarquizar la trayectoria de quienes eligen desempeñarse en el ámbito estatal. El programa, que ya tuvo una amplia convocatoria en todo el territorio provincial, concluye ahora con el inicio de una especialización.

La nueva etapa académica se concreta a partir de un convenio con la Procuración del Tesoro de la Nación, y está dirigida a quienes egresaron de la diplomatura y manifestaron interés en profundizar sus conocimientos. El comienzo de esta formación especializada marca un nuevo paso en la profesionalización del servicio jurídico dentro del Estado.

Según informaron desde la Fiscalía, el enfoque de estas acciones apunta a fortalecer la calidad del asesoramiento legal en el funcionamiento de la administración pública. De esta forma, se busca contribuir a un servicio estatal más eficiente y comprensible para la ciudadanía, a través de una práctica jurídica actualizada, específica y con perspectiva de formación continua.