La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante una jornada nacional de movilización en la previa del Día del Trabajador, con protestas en distintos puntos del país. La medida fue convocada en rechazo a los anuncios de reestructuración del Estado, que implicarían nuevas cesantías, y con el objetivo de exigir la reapertura de paritarias y una recomposición salarial acorde a la inflación.

La movilización tuvo lugar tras las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien anticipó la emisión de decretos para avanzar en una "refuncionalización del Estado". Según ATE, esto podría derivar en más despidos y en la puesta en disponibilidad de trabajadoras y trabajadores de la planta permanente del sector público.

Desde el gremio se cuestionó además el gasto estatal destinado a la Secretaría de Comunicación y Medios, dirigida por Manuel Adorni, que cuenta con 250 empleados y, según información oficial, tuvo un incremento del 25% en su planta durante la actual gestión. En este sentido, se denunció que mientras se aplican recortes en distintos organismos, algunos sectores del Ejecutivo continúan aumentando su estructura y presupuesto.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó durante la jornada que “el Gobierno fue elegido para resolver los problemas económicos, pero no logró controlar la inflación y continúa impulsando medidas que afectan a las y los trabajadores del Estado”. Además, anticipó que el sindicato se encuentra en estado de alerta y que convocará a sus representaciones provinciales para definir la continuidad del plan de acción.

El gremio también reclamó la revisión del acuerdo paritario de marzo, que estableció un aumento del 1,3%, en un contexto en el que la inflación del mismo mes fue del 3,7%. Según se informó, ATE exige que se reabran las negociaciones salariales y se inicie un proceso de recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.

La organización sindical ratificó su rechazo a la posible fusión de organismos estatales y a la eliminación de funciones, al considerar que estas medidas generan un impacto negativo en el empleo público y en la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía. En ese marco, advirtió sobre la necesidad de sostener la conflictividad como forma de respuesta ante el ajuste.

Las acciones se enmarcan en un contexto de tensión entre los gremios estatales y el Poder Ejecutivo Nacional, y de creciente preocupación por el futuro laboral de miles de trabajadoras y trabajadores en distintos organismos de la administración pública.