El legislador José Luis Berros, presidente del bloque Vamos con Todos, presentó un recurso de reposición ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro para que se revea el fallo que rechazó su pedido de acceso al contrato firmado entre el Gobierno provincial y la empresa Dienst Consulting S.A., encargada del control de las licencias médicas del personal estatal. Berros denunció que “Río Negro, por la connivencia entre el Gobierno, el bloque mayoritario en la Legislatura y la Justicia, se está convirtiendo en un feudo”.

En su presentación, el legislador solicitó la revocación del Punto 2 de la resolución que desestimó su acción de mandamus y exigió que tanto el Poder Ejecutivo como la empresa estatal Horizonte Seguros —quien contrató a Dienst— entreguen el contrato en su totalidad. Argumentó que “la decisión judicial se ampara en formalismos que terminan impidiendo que la ciudadanía acceda a información esencial sobre el uso de fondos públicos”.

Berros adjuntó a su recurso documentación que, según afirma, acredita los reiterados intentos por acceder al contrato mediante pedidos de informes (Nº 1206/2024, Nº 1451/2024 y Nº 1634/2024) y cartas documento. Según expresó, las respuestas recibidas fueron evasivas, constituyendo una “negativa fáctica” que, a su entender, justifica la vía judicial empleada. “¿Qué más hace falta para que se reconozca una negativa?”, cuestionó, al sostener que “estamos ante una interpretación excesivamente formalista que vulnera los principios constitucionales de transparencia”.

El legislador remarcó que el contrato con Dienst Consulting S.A. involucra “cifras millonarias —unos 300 millones de pesos mensuales, según estimaciones— y afecta directamente a miles de trabajadores estatales”. Consideró “alarmante” que tanto el Ejecutivo como una empresa estatal se nieguen a ponerlo a disposición. “La sociedad tiene derecho a saber cómo se gasta su dinero y quiénes prestan servicios en áreas tan sensibles como la salud de los trabajadores públicos”, insistió.

En su escrito, también apuntó contra el nuevo Código Procesal Constitucional, al que consideró una traba para el acceso ciudadano a la información. “Este fallo es una muestra clara de cómo el nuevo Código Procesal, lejos de agilizar el acceso a la Justicia, lo dificulta para quienes buscamos garantizar la transparencia”, señaló. Y añadió: “Cuando la Justicia privilegia tecnicismos sobre el control democrático de la gestión pública, se debilita el Estado de Derecho y se retrocede en derechos ciudadanos básicos”.

Berros sostuvo que en Río Negro “evidentemente no hay decisión política de que sea una provincia transparente” y advirtió sobre una articulación entre los tres poderes del Estado que, según afirmó, limita el control ciudadano. “Cuando el Ejecutivo oculta contratos, el Legislativo sanciona un Código regresivo a pedido de jueces, y el Superior Tribunal avala ese esquema, se configura una connivencia institucional que naturaliza el ocultamiento y erosiona las garantías constitucionales más básicas”.

El legislador anticipó que continuará exigiendo la publicación del contrato y que agotará todas las instancias judiciales disponibles: “No vamos a retroceder. Esto no es un reclamo individual: es el derecho colectivo de una sociedad a saber cómo se administra lo público”.